Caso “Cascadas” y derecho de los consumidores marcan nueva edición del libro “Sentencias destacadas”

Con una presentación a cargo del recién nombrado presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, se realizará el lanzamiento de la décima versión del anuario de doctrina y jurisprudencia, “Sentencias destacadas”, de Libertad y Desarrollo (LyD), este miércoles 6 de septiembre, a las 19.30 horas, en la sede de este organismo.

La publicación, editada por Arturo Fermandois y Sebastián Soto, analiza, como ya es tradición, los fallos más importantes de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Corte de Apelaciones de Santiago y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desde la perspectiva de la sociedad libre, “lo que colabora a fortalecer el prestigio de los tribunales de justicia”, según señalas sus responsables.

En sus 432 páginas participan 22 autores, quienes comentan sentencias sobre los más diversos temas, desde laborales y penales, hasta civiles, constitucionales y de libre competencia. Sin embargo, son las decisiones del máximo tribunal las que más interés concitaron: 16 de los textos que conforman esta edición tratan sobre sentencias de esta corte en materias tan variadas como derechos fundamentales, consulta indígena, responsabilidad del Estado, control de constitucionalidad de normas preconstitucionales, forma de interrumpir los plazos de prescripción, propiedad minera, reglas que regulan la fusión con partes relacionadas, recurso de revisión, control judicial de los reglamentos, procesos sancionatorios de las superintendencias, y más.

Los comentaristas y sus visiones

El libro se inicia con la investigación de Rodrigo Barcia sobre la sentencia donde se aprecian los criterios que utilizan tanto la Corte Suprema como la doctrina para juzgar la incorporación de la norma de la ley de protección a los derechos de los consumidores que establece restricciones a los efectos de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Posteriormente, Gabriel Bocksang y Eduardo Soto Kloss comentan el fallo denominado “Poblete Novoa” que da cuenta —dicen— de un creciente debilitamiento del control de los jueces sobre los decretos supremos y, en particular, critican la decisión del máximo tribunal de rechazar recursos de protección contra reglamentos. Ambos plantean su preocupación sobre el estado actual del contencioso-administrativo en Chile y el nivel de protección de los derechos de las personas frente a actos de la Administración.

Por otro lado, Sebastián Donoso y Juan Pablo Escudero se refieren a la sentencia que resolvió una bullada controversia en la comuna de Padre de las Casa y que dejó sin efecto ciertos actos administrativos que entregaban en comodato un terreno contiguo a la comunidad indígena reclamante para emplazar en dicho lugar una medialuna, destacándose la aplicación del convenio a actos administrativos municipales y la correcta aplicación que hace el fallo del Reglamento de la Consulta. Juan Carlos Flores, a su vez, comenta sobre la indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual seguida contra el fisco en la construcción y equipamiento del Hospital Militar de la Reina.

En términos de privacidad, Francisco Javier Leturia analiza el caso de los globos de televigilancia instalados por dos municipalidades y que generaron variada polémica en la opinión pública, mientras que Constanza Hube se refiere a las sentencias de la Corte Suprema que acogieron dos recursos de protección interpuestos en favor de extranjeros con decretos de expulsión pendientes, casos originados tras la negativa de un oficial del Registro Civil de fijar día y hora para su matrimonio con ciudadanos chilenos, por carecer de cédula de identidad.

A su vez, Claudia Mejías y Gonzalo Severin centran su análisis en un fallo que modifica la doctrina preponderante en el máximo tribunal sobre interrupción de la prescripción adquisitiva, decisión que marca un antes y un después en la lectura que hará la Corte en este tipo de situaciones. En tanto, Emilio Pfeffer comenta un fallo de la cuarta Sala de la Corte Suprema que rechazó las solicitudes de constitución de servidumbres de ocupación y tránsito solicitadas por concesionarios mineros.

Ignacio Ried, por su parte, se refiere a la sentencia “Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet y otros”, que se vincula con diversos procesos en los que los fallos condenatorios fueron fundamentados en declaraciones autoincriminatorias obtenidas mediante apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado, mientras que Sebastián Soto analiza diversos fallos de la Corte Suprema que en repetidas ocasiones se pronunciaron impugnando procesos sancionatorios realizados por la Superintendencia de Educación.

Por último, Ángela Vivanco elabora un detallado análisis del denominado “derecho al olvido” a propósito de una sentencia de la Corte Suprema sobre la materia que elabora un detallado análisis sobre la cantidad de información personal disponible en Internet, prestando atención a jurisprudencia de tribunales extranjeros.

Las decisiones del Tribunal Constitucional tuvieron cuatro comentarios en este anuario. Así, en uno de los temas más relevantes en la discusión pública de 2016, Víctor Manuel Avilés y José Francisco García se refieren al fallo que declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 29 del DL 3538 en el caso “Cascadas”. Los abogados sostienen que la sentencia se transformará en un leading case para el derecho administrativo sancionador, al fijar estándares constitucionales adecuados al ejercicio de potestades sancionadoras tanto en el mercado de valores como en otras áreas afines. Enrique Navarro, por su parte, celebra esta misma sentencia y su aproximación al principio de proporcionalidad y, considerando la jurisprudencia del propio TC, de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, da cuenta de la forma en que este principio ha ido configurando también la actividad sancionadora del Estado.

Por otro lado, Cecily Halpern analiza en extenso la sentencia pronunciada con ocasión del requerimiento de inconstitucionalidad deducido respecto del proyecto de ley sobre reforma laboral, mientras que Tatiana Vargas aborda el pronunciamiento que resolvió el primer recurso de inaplicabilidad contra ciertos artículos de la denominada Ley Emilia, respaldando la aproximación del Tribunal Constitucional al conflicto y presentando los riesgos asociados a “una legislación efectista” y llamando la atención sobre otras eventuales inconstitucionalidades.

Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago da pie a Roberto Guerrero V. para recordar un adagio que dice que “de los casos difíciles salen malas leyes”, a propósito del proceso de reestructuración societaria del grupo Enersis.

Por último, y vinculado a decisiones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Matías Carrasco y Ricardo Riesco analizan la sentencia de la Corte Suprema relacionada con el régimen de responsabilidad derivado del incumplimiento de condiciones impuestas por el tribunal en el marco de operaciones de concentración.

Fuente: El Mercurio Legal.-