Un nuevo proyecto de ley que tiene como fin de entregar mayores facultades al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) fue aprobado por la Comisión de Constitución del Senado. Sin embargo, igual existen riesgos con esta nueva legislación ya que le entrega excesivas facultades, que además son incompatibles entre sí, a esta institución sin mecanismos de contrapesos ni garantías de imparcialidad.

Lo que más se ha criticado de este proyecto han sido las facultades y atribuciones propias de una Superintendencia que se les está entregando al SERNAC. Esto lo convierte en una superagencia encargada de fiscalizar, multar, mediar, interpretar la ley, dictar normas de carácter obligatorias, solicitar restituciones, pedir que se presten nuevamente los servicios, dictar medidas correctivas y preventivas, incautar bienes y, además, litigar en juicios colectivos y difusos ante los tribunales. La Comisión de Constitución del Senado trató de ajustar algunas de estas atribuciones sin mucho éxito.

En estos cambios está el tope de 45.000 UTA en las multas por cada consumidor afectado en demandas colectivas o difusas y también se aprobó un sistema en donde el juez determina un piso mínimo de daños para quienes pudieren haber sido afectados por algún hecho infraccional.

El proyecto tiene por objeto final situar al Estado como protagonista casi exclusivo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, ya que ahí se concentrará la mayor parte de las atribuciones que equilibran el sistema y con ello la gestión de la información y la toma de decisiones. Varios se preguntan si el SERNAC necesitaba estos cambios, o si hubiera sido mejor fortalecer su actual rol como litigante.

Este nuevo proyecto de ley no fortalece a esta institución, sino que la convierte en un órgano estatal más grande, poderoso y discrecional. Le otorga atribuciones propias al Congreso Nacional y a los tribunales de justicia. No ayuda a velar de manera efectiva por los derechos de los consumidores.