La ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, dijo a la directiva de la Cámara Nacional de Comercio que, ante la discusión sobre si la automatización de funciones productivas se puede considerar reemplazo durante una huelga, ella en términos generales entendía que el reemplazo en huelga era un acto que se daba entre personas.

Menos mal. Aunque la ministra desestimó hacer una mención sobre algún caso en particular, su declaración viene a traer un poco de luz en una controversia que hasta ahora amenazaba con llevarnos a la época de las cavernas. Esperamos que la Dirección del Trabajo tome en cuenta este criterio ministerial en sus futuras resoluciones.

Decimos esto porque a fines de junio el sindicato de la empresa de monitoreo de medios de comunicación Litoral Press, “denunció” que la firma estaba intentando automatizar las labores que cumplían trabajadores que se encontraban movilizados en una huelga. En respuesta, la compañía sostuvo que la automatización de funciones era parte del plan de tecnología de la empresa y venía planificada desde antes del período de negociación con el sindicato. Pese a ello, la Inspección del Trabajo falló en contra de la firma, obligándola a desactivar su sistema automatizado.

¿Qué pasa por la cabeza de una autoridad fiscalizadora cuando pretende impedir que una empresa mecanice sus actividades ante la presencia de una nueva tecnología que lo permite? ¿Por qué el Gobierno incurre en la farsa de crear Comisiones de Productividad, cuando paralelamente sus funcionarios se empeñan con sus resoluciones en poner obstáculos al mejoramiento productivo? ¿Qué saca el ministro Valdés con viajar a los centros financieros internacionales para tratar de convencer a los agentes económicos y clasificadores de riesgo de que la economía chilena sigue siendo un destino confiable para las inversiones, si al mismo tiempo los organismos fiscalizadores del país desalientan la inversión en tecnología, dejándolo en ridículo?

El ministro de Hacienda no saca nada con intentar que el bote de la economía chilena no se hunda, si la mitad de sus tripulantes insisten en su diaria labor como funcionarios de Gobierno en hacerle agujeros a la embarcación. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una figura de la talla del senador Guido Girardi amenaza públicamente a funcionarios de la región de Coquimbo si es que votan a favor de una millonaria inversión en el área de la minería, o cuando un funcionario menor de la Inspección del Trabajo intenta evitar una más modesta inversión para automatizar una empresa.

El episodio nos hace recordar la petición de fabricantes de velas, que es una sátira sobre el proteccionismo escrita y publicada en 1845 por el economista francés Frédéric Bastiat, como parte de su obra Sofismas Económicos. En la petición, ellos y otros industriales de la iluminación solicitan a la Cámara de Diputados de la Monarquía de Julio de Francia (1830-1848) que proteja su comercio de la competencia desleal de una potencia extranjera: el Sol.

Los fabricantes de velas citan varias ventajas económicas que podría tener bloquear el Sol, como el consumo creciente de productos: el sebo, dando lugar a una mayor producción de carne, lana, cueros, etc; aceite vegetal, dando lugar a una mayor producción de amapolas, aceitunas, y colza; árboles resinosos, lo que incrementaría las abejas, por lo tanto, la polinización de cultivos; el aceite de ballena, llevando a un incremento de la marina mercante que aumentaría el prestigio y posición de Francia.

Hoy, la Dirección del Trabajo está intentando tapar el sol con un dedo al obligar a una empresa a desmantelar una inversión en automatización porque la considera reemplazo de trabajadores en huelga. Cuando se aprobó esa legislación, uno de sus efectos previsibles era que hubiese mayor automatización, por eso es en definitiva una política anti empleo. Ojalá prime la cordura y alguien en el Gobierno impida que nuestro país vuelva al oscurantismo.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-