Registro de evasores del Transantiago: dudas en su verdadero efecto disuasivo

De acuerdo a los datos del Programa Nacional de Fiscalización que publica el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en el periodo abril – junio de 2015 el nivel global de evasión del pago de la tarifa del Transantiago alcanzó un 26,7%. Esta cifra gatilló que el Ejecutivo presentara un Proyecto de Ley que modifica la Ley de Tránsito y aquella establece los procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales.

Dos años después, y con nivel global de evasión de un 31,4% para el primer trimestre de 2017, la iniciativa se encuentras ad portas de ser despachada por el Congreso Nacional. Luego de su aprobación en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, el proyecto debe sortear un paso por la Comisión de Hacienda y luego por la Sala del hemiciclo.

Pese a la necesidad de hacerse cargo de tan altos registros de no pago de tarifa del transporte público, el proyecto no ha estado exento de polémicas. Ello, pues junto con fortalecer los mecanismos de fiscalización para promover el pago de la tarifa por parte de los usuarios del transporte público y el incremento de las sanciones por no pago, se crea el controvertido registro de evasores.

"Cabe señalar que los esfuerzos por incrementar sanciones constituyen un avance, pues el Gobierno, con los altos recursos públicos que recibe el Transantiago, debe necesariamente propender a la disminución de los índices de evasión, a lo que debiesen sumarse incentivos a los operadores para ejercer un control mayor", señala Cristina Torres, investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.

Aunque desde el Ministerio y el Ejecutivo, se espera en general que este proyecto tenga efectos disuasivos, el registro merece dudas en cuanto a su verdadera efectividad. Sin duda la evaluación del comportamiento de los niveles de evasión que deberá hacerse luego de aprobaba esta ley, tendrá una gran relevancia, y en definitiva permitirá revisar si son o no suficientes estas medidas. "Hoy, hay legítimas dudas de que estas logren modificar el comportamiento de los evasores y no se trate solo de letra muerta", dice la abogada.

Nuevas Sanciones

La iniciativa considera para todos los efectos legales al pase escolar, pase de educación superior y cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado de pasajeros con una franquicia, exención o rebaja tarifaria, como un instrumento de carácter público, personal e intransferible.

De esta forma, establece sancionando con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, que va desde los 61 días a 5 años, y multa de 11 a 15 UTM, el que falsificare cualquier instrumento o dispositivo de pago de tarifa. Pena que se verá agravada en caso que se comercialice o distribuyan tales instrumentos.

Asimismo, y para fortalecer los mecanismos de fiscalización se establece un agravante para el caso que se que lesione, en razón del ejercicio de sus funciones a un inspector fiscal del Ministerio de Transportes, al personal de EFE y sus filiales, o de Metro de Santiago, que realicen servicios de fiscalización, o a quienes sean contratados por empresas operadoras de servicios de transporte público para realizar labores de verificación de pago de tarifa.

El Registro de Evasores

La iniciativa propone que quienes sean condenados por acceder a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros utilizando cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado de pasajeros con beneficios, sin ser su titular o alterándolo con el fin de aparentar la titularidad sobre éstos, y quienes usen los servicios de transporte público remunerado de pasajeros sin pagar la tarifa correspondiente, serán anotados en un “Registro de Pasajeros Infractores”.

La operación y administración de dicho Registro se llevará a cabo a través de la Subsecretaría de Transportes, en la forma que determine un Reglamento. Los datos ahí contenidos no podrán ser consultados por personas jurídicas y no podrán afectar negativamente temas laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios, o de acceso a diversos beneficios.

De modo tal que ninguna persona pueda acceder a las bases de datos contenidas en el Registro, ni a los datos personales que en él figuren, se establece que sólo las personas naturales puedan solicitar, previa identificación y formulando una solicitud de acceso de la información pública de acuerdo a la Ley de Transparencia, si una determinada persona se encuentra anotada en él, aunque siempre bajo reserva la identificación de los menores de edad.  Cabe hacer presente que tales consultas no podrán exceder de ocho en un período de 12 meses.

Se establece además que se podrá suspender la entrega de documentos tales como licencia de conductor, permiso de circulación, cuando el infractor sea propietario de un vehículo motorizado; pases escolares o de educación superior, o cualquier documento que permita una exención de pago o rebaja tarifaria en el transporte público, a los infractores que se encuentren en el “Registro de Pasajeros Infractores”, mientras figuren en él. Junto con ello, la Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que correspondiera anualmente, las multas impagas producto de estas infracciones, aunque en todo caso, tendrá preferencia la retención para el pago de pensiones alimenticias.