Ampliación de cobertura de gratuidad en educación superior: Una mala política en tiempos de deterioro fiscal

Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que amplía la cobertura de la política de gratuidad en educación superior a los estudiantes pertenecientes al 60% de hogares de menores ingresos del país. Además el proyecto establece el mecanismo de avance de esta política hacia la cobertura universal,  a medida que se vayan cumpliendo ciertas condiciones macroeconómicas.

Existe una larga lista de razones por las cuales la ampliación de la gratuidad es una mala política, sin embargo lo más preocupante es el precedente que deja la aprobación de este proyecto: mientras toda la evidencia apunta a que las políticas más efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad son aquellas dirigidas a sus primeros años de vida, comprometer nuestros recursos presentes y futuros en las últimas etapas del proceso formativo, favoreciendo además a un grupo de personas que tiene un nivel de ingreso futuro muy por sobre el de sus pares que no asiste a la educación superior.

No bastando con lo anterior, la iniciativa se aprueba en medio de la discusión sobre el deterioro fiscal del país, ignorando el hecho de que la aprobación de esta política impediría el adecuado cumplimiento de los compromisos ya adquiridos por el Estado, incluso en el corto plazo.

Con la ampliación de la cobertura al sexto decil se estiman holguras negativas para los próximos 3 años por un monto total de casi $1.800 millones de dólares, mientras que de mantenerse la cobertura actual, el resultado sería una holgura total positiva de aproximadamente $190 millones de dólares.

Finalmente, cabe destacar que la iniciativa impulsa una serie de cambios adicionales a la ampliación de la gratuidad que buscan instaurar un sistema de educación superior basado en la desconfianza hacia la sociedad civil, las instituciones, los estudiantes y sus familias. Se fortalecen profundamente diversos organismos del Estado y se crean otros nuevos para controlar prácticamente todos los ámbitos relacionados con la educación superior, sin dar mayor espacio al resto de los actores.