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En la cuenta final

El Mercurio

A insuflar una dosis de vitalidad en la descompuesta coalición oficial dedicó la Presidenta Bachelet su último Mensaje. Fue inteligente de su parte obviar los magros resultados de su gestión y plantear su legado en una perspectiva histórica: destacar que, más allá de sus desperfectos, las reformas aplicadas han encarado el malestar reinante, han "puesto en marcha" un proceso de "cambios de fondo", el "que habrá que continuar y profundizar".

Pero es probable que, luego de aplaudir a rabiar esa arenga en el Congreso, los enfervorizados parlamentarios del bloque oficialista y demás partidarios hayan sido devueltos a la dura realidad tras la publicación de la encuesta del CEP. Para la mandataria, el Chile de hoy será "mejor que el de tres o cuatro años atrás", pero no es eso lo que piensa la ciudadanía. De acuerdo con ese sondeo, 82% de la gente opina que el país está estancado o en decadencia; en 2013, así opinaba el 51%. El Gobierno -con solo 18% de aprobación- sigue mostrando los más bajos índices de popularidad registrados desde 1990 en adelante. Y sus reformas tributaria, educacional y laboral, según la encuestadora Cadem, son repudiadas por tres de cada cinco chilenos.

Declara la Presidenta haber combatido la desigualdad, pero no hay ninguna medición actualizada de la eficacia de sus medidas y -dado el deterioro en la generación de empleos y los reajustes salariales- hay fundadas razones para pensar que las disparidades de ingresos puedan haberse ampliado. Es cierto que la reforma educacional solo podría rendir frutos a largo plazo. Pero, aunque el cambio en la carrera docente tiene aspectos valiosos, sus restantes iniciativas, lejos de fortalecer la calidad de la educación impartida, parecen haberla perjudicado: la persecución del lucro -asumida con un celo que evoca la lucha medieval contra la usura- y el avance hacia la gratuidad han sumido a colegios y universidades en una ciénaga burocrática y les han restado parte del financiamiento necesario. Mientras tanto, la reforma tributaria y otras medidas -que supuestamente proveerían al Estado de ingresos "permanentes"- han frenado el crecimiento económico, provocado un alto déficit fiscal y perjudicado sobre todo a los grupos más vulnerables.

Además de defender sus fallidas reformas emblemáticas, la mandataria pasó revista a los avances más específicos de su gestión. Allí destacó logros importantes en política energética, en el desarrollo de nuevos "polos de desarrollo" en la "industria solar" y del litio, en la promoción del emprendimiento y la innovación. En esos avances, el Gobierno no aplicó la estrategia de la retroexcavadora, sino que construyó a partir de lo realizado por su antecesor, incorporó y motivó al sector privado y consiguió acuerdos políticos transversales. Ese es el camino que ha de seguir el próximo gobierno para sacar adelante la economía y abordar las muchas carencias sociales aún desatendidas. 

 

Columna de Juan Andrés Fontaine, Consejero de Libertad y Desarrollo, pubicada en El Mercurio.- 

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