Proyectos de ley sobre infancia no fortalecen el rol de la sociedad civil

Finalmente fueron dados a conocer los proyectos de ley que buscan reestructurar el SENAME en dos nuevas instituciones: el Servicio de Protección Especializada de Niños y Niñas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.

Con ello, el Ministerio de Desarrollo Social asumiría la generación de políticas sociales para aquellos niños que han sido vulnerados y el Ministerio de Justicia asumiría la responsabilidad de coordinar los programas del sistema de ejecución de sanciones y el proceso de reinserción social para los adolescentes que habrían infringido la ley.

Se debe mencionar que la idea de separar el SENAME no es nada nueva. De hecho, en 2012 el gobierno del ex Presidente Piñera presentó un proyecto ley que suprimía el actual SENAME, creando dos nuevos servicios de atención a la infancia y adolescencia: el Servicio de Protección de Infancia y Adolescencia bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente a cargo del Ministerio de Justicia.

"Si bien estas iniciativas tienen como fin hacerse cargo de los compromisos contraídos con la Convención sobre los Derechos del Niño que están relacionados con la preocupación en el cómo se están haciendo cargo de los niños, la forma de enfrentar este desafío difiere en cuanto al destino de los recursos", señala Paulina Henoch, investigadora del Programa Social de LyD. En este sentido, el proyecto de ley presentado no fortalece el rol de la sociedad civil, a través de los organismos colaboradores, en el Sistema de Protección de la Infancia y entrega mayores recursos a las intervenciones estatales.

En el caso del proyecto de protección especializada, su informe financiero considera la generación de 1.879 nuevos funcionarios públicos, cuyo mayor gasto fiscal en personal sería $6.698 millones en régimen y un incremento de $ 2.138 millones asociado a bienes y servicio de consumo. Además, sólo incrementa la subvención que se entrega a la línea de cuidado residencial de 15 unidades de subvención SENAME (USS), que equivalen a unos $232.200 mensuales por niño, a 26 unidades de subvención de protección especializada (USPE), cuyo valor no está definido en el PdL, sin embargo, si es el mismo valor de la USS que a 2017 es $15.480 debiera ser aproximadamente unos $400.000 mensuales por niño. "Se debe considerar que este tipo de programa es sólo uno de los tantos que se realizan en el sistema de la infancia y según el anuario estadístico de 2015 del SENAME sólo acoge a 11.494 de las 199.112 atenciones, es decir, un 6% del área de protección", dice Henoch.

En tanto, se observa algo similar el informe financiero del proyecto de reinserción social juvenil. Se originarían 3.373 nuevos funcionarios públicos, cuyo gasto en personal crecería en $10.134 millones, de $50.094 a $60.228 millones en régimen. Sin embargo, en este proyecto de ley disminuye el gasto en bienes y servicio de $ 18.897 a $14.534 millones y se duplican las transferencias de programas externalizados de $23.410 a $59.686 millones en el régimen.

Resulta importante recordar que la iniciativa presentada durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera se enfocaba en mejorar los recursos que se destina a los niños. Se observa en su informe financiero que el gasto en personal se reducía de $31.267 a $15.981 millones (a casi a la mitad), los bienes y servicios de consumo pasaban de $9.089 a $3.277 millones (casi un tercio) y el gasto destinado a subvenciones a menores en situación irregular aumentaba de $18.790 a $77.204 millones (se cuadriplica). Con ello, se disponía de mayores recursos para los niños y los distintos tipos de programas destinados a ellos.

"De lo conocido mediante los proyectos de ley enviados al Congreso preocupa que el foco nuevamente se ponga en proteger la intervención que realiza el Estado, desconociendo el importante rol que realiza la sociedad civil en el Sistema de Protección de la Infancia",advierte Henoch.