La forma más directa y eficiente de mejorar las pensiones es aumentando el ahorro individual

El gobierno entregó algunos lineamientos del destino que tendrían los 5 puntos adicionales de cotización previsional. Si bien no hay nada zanjado aún, parece necesario advertir de que si dicha mayor cotización se distribuye de la forma planteada por el Ejecutivo, ésta no se traducirá en mayores pensiones, o al menos no en pensiones tan altas como aquellas que se habrían conseguido en el caso de haber destinado el mayor ahorro a las cuentas individuales de los trabajadores.

En primer lugar, se planteó que la mitad de la mayor cotización (2,5 puntos porcentuales) iría a cuentas personales, las que serían administradas por un ente diferente de las AFP. En las actuales cuentas de ahorro individual existe un derecho de propiedad sobre lo ahorrado. Además existe una relación directa entre cuánto se aporta y la pensión que puede obtenerse en el futuro. Es por ello que la forma más directa y eficiente de mejorar las pensiones es aumentando lo más posible el ahorro individual. Ahora bien, respecto de la institucionalidad más adecuada para la cotización adicional, debiese ser aquella que, además de respetar los derechos de propiedad del monto cotizado, ofrezca los menores costos administrativos y la mayor rentabilidad, pues sólo así el valor de las pensiones que reciben las personas a la hora de jubilarse será el más alto posible. Más que cerrar de plano la opción de que sean las AFP quienes administren el mayor aporte, los ahorrantes deberían poder decidir dónde invertir su cotización adicional, entre aquellas instituciones con conocimiento y experiencia en esta materia.

De los 2,5 puntos adicionales, el Ejecutivo ha señalado que un punto sería destinado a un “seguro de vejez intrageneracional”, donde las cotizaciones de cada cohorte irían a un Fondo que a futuro permitiría mejorar las pensiones de quienes (en esa misma generación) tengan menores ahorros. En otras palabras, esto implica mejorar las pensiones con un impuesto al trabajo, con los consecuentes efectos negativos sobre empleo y formalidad, como resultado de romper la relación entre la cotización de los trabajadores y el beneficio recibido (si la mayor cotización financia las pensiones de “otros”, disminuyen los incentivos a cotizar, a trabajar  y se fomenta la informalidad). Si lo que se busca es mejorar las pensiones de quienes tienen un menor ahorro, nuestro sistema ya cuenta con un Pilar Solidario diseñado para ese fin, el cual se financia con impuestos generales, tal como lo ha sugerido en la OCDE[1]. Generar una nueva institucionalidad para un fin similar crea las ineficiencias señaladas y  duplicidades injustificadas que se traducen en mayores costos y por ende en menores pensiones.  Más aún, este Fondo al ser socializado y con derechos poco claros de propiedad  se presenta como un botín para futuras administraciones que estimen que el gasto presente es más atractivo.

El Ejecutivo habría señalado que otro 1% se destinaría a un aporte intergeneracional “que permita dar solidaridad desde los trabajadores activos a los actuales jubilados para elevar pensiones en curso de pago”. Esto, además de ser un impuesto regresivo al trabajo, no es más que instalar un componente de reparto en nuestro sistema previsional, alternativa que resulta insostenible en un país como el nuestro: el aumento en las expectativas de vida y la baja tasa de natalidad llevan a que en Chile cada vez haya menos personas en edad activa (entre 18 y 65 años) por cada mayor de 65 años: mientras en 1980 había 7 chilenos entre 18 y 65 años por cada mayor de 65, hoy este número no alcanza los 5 y se espera que en el año 2050 a penas llegue a 2. En este contexto, mantener los beneficios que se ofrezcan en un sistema de reparto implica elevar fuertemente la carga fiscal (puesto que los beneficios terminan excediendo los ingresos por contribuciones). Un reciente estudio[2] estimó el mayor costo fiscal en régimen de volver a un sistema de reparto en 13% del PIB, lo que supera con creces todo el gasto público que hoy se destina a educación y salud y equivale a más de 4 reformas tributarias como la recientemente aprobada (que buscaba recaudar 3 puntos del PIB). Volver a un sistema de reparto, aunque sea en parte como lo sugiere la propuesta del Ejecutivo, implicaría imponer tasas de cotización que generarían efectos macroeconómicos negativos en el ahorro, consumo, inversión y empleo, tal como concluyó el Banco Central en un informe sobre la materia.

Por último, de acuerdo a lo informado por el gobierno se destinarían 0,5 puntos porcentuales a compensar las pensiones de las mujeres, de tal modo de revertir su menor densidad de cotización, menor edad de retiro y la mayor expectativa de vida, que en conjunto se traducirían en una menor pensión. Lo anterior podría contribuir en el corto plazo, pero debemos abordar las razones estructurales de la brecha de pensión entre hombres y mujeres. Para ello, se requieren implementar medidas en el mercado laboral (tal como mayor flexibilidad) que permita que ellas mejoren sus oportunidades de encontrar un empleo formal que se acomode a sus necesidades (por cierto distintas a las de los hombres). Adicional a lo anterior, y de manera más urgente, la edad de jubilación entre hombres y mujeres debiese equipararse, tal como ha sido la tendencia en los países desarrollados.


[1] De acuerdo a lo señalado en Pensions Outlook 2016, “La OCDE también recomienda separar las fuentes de financiamiento para las pensiones públicas contributivas y no contributivas. Los países no deberían usar las contribuciones para financiar la red de seguridad social, asistencia social, pensiones universales o pensiones básicas para residentes (i.e. pensiones no contributivas). Estas deben ser financiadas completamente a través del presupuesto, por medio de impuestos, mientras que las pensiones públicas contributivas deben ser financiadas con contribuciones del período”.

[2] Mónica Titze y Carlos Díaz, El Mercurio, 25 de marzo de 2017.