El proceso del Censo 2017 reveló un nivel de precariedad en la población, imposible de ser identificado en las encuestas que utilizamos para medir pobreza y carencias habitacionales.

El proceso del Censo 2017 nos sorprendió con una alarmante noticia: una vivienda con un nivel de pobreza que ya creíamos extinto en nuestro país. En el sector de San Luis de la comuna de Quilicura, fue encontrado un inmueble con 50 dormitorios de 5 metros cuadrado cada uno, 3 baños y 1 cocina, en donde actualmente viven cientos de extranjeros.

A pesar que este proceso no estuvo exento de críticas. Entre las cuales, que es posible utilizar otros registros administrativos para contabilizar a la población, que las preguntas fueron muy pocas para tanto gasto, el altísimo costo productivo que tiene el parar el país por un día, el que fueron dejadas personas sin censar, e incluso si era o no necesario realizarlo dado que una comisión de expertos internacionales había validado el proceso anterior. Sin entrar en la discusión sobre la necesidad del Censo 2017, ante la pregunta más de fondo sobre si aún debiéramos parar el país para seguir contándonos a través de un Censo, el hallazgo de esta vivienda valida a este instrumento para evidenciar las condiciones socioeconómicas de la población más vulnerable y con ello guiar las políticas sociales.

Es que con este hallazgo en Quilicura, el proceso del Censo 2017 reveló un mayor nivel de precariedad habitacional que las encuestas que utilizamos para medir pobreza y carencias habitacionales. La encuesta que usualmente complementa al Censo para determinar el déficit habitacional y los requerimientos habitacionales es la CASEN. La CASEN es una muestra del Censo y nos permite llevar a cabo un seguimiento periódico de los indicadores habitacionales.

Uno de estos indicadores es el de hacinamiento y generalmente se considera a un hogar con esta carencia cuando hay más de 2,5 personas por dormitorio. Según esta definición, en Chile el nivel de hacinamiento ha disminuido de 29,2% a 6,7% hogares entre 1990 y 2015. Claramente, el inmueble ubicado en Quilicura estaría hacinado y sería una prioridad para las políticas habitacionales, sin contar otras deficiencias por las cuales también se consideraría como prioridad, como lo son los escasos servicios sanitarios básicos.

Adicionalmente, por definición, la encuesta CASEN no permite determinar las condiciones de precariedad habitacional de los grupos más vulnerables como lo son las familias en campamentos y la población en situación de calle. Esto se debe a que la población que abarca esta encuesta sólo toma en cuenta la información de la población que habita en viviendas, excluyendo así a las personas en situación de calle, y no considera a las viviendas que se ubican en zonas alejadas o de difícil acceso, como lo son las zonas extremas, los campamentos y barrios peligrosos.

En cambio, el Censo 2017 sí toma en cuenta la información de estos lugares, y por primera vez consideró a las personas en situación de calle. Para esto último, el martes 18 de abril a las 21:00 horas se comenzó a aplicar la encuesta en las sedes del Hogar de Cristo, para luego realizar un recorrido por las calles de todo el país.

Es por esta razón, y a pesar de los avances tecnológicos, el Censo sigue siendo un instrumento válido no sólo para contar a la población, sino para evidenciar realidades muy precarias de nuestro país. En especial, lo que ocurre con los grupos que no son medidos por otras encuestas, como lo son la población en campamentos o en situación de calle. Grupos que claramente debieran estar identificados y ser priorizados por la política social.

Columna de Paulina Henoch, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo.-