Hay bastante coincidencia en señalar que Ricardo Lagos no fue vencido en la votación del Comité Central del Partido Socialista, sino mucho antes.

Max Colodro, en su columna en La Tercera, lo lleva hasta el 2010, cuando los partidos de la vieja Concertación explicaron la derrota en las presidenciales culpando al Chile que ellos mismos habían construido durante dos décadas. Colodro califica esa crítica como brutal, demoledora y oportunista, y señala que ella los llevó a abrazar las demandas del movimiento estudiantil sin ponerles un piso mínimo de realidad. Agrega que durante el Gobierno de Sebastián Piñera esos mismos apostaron por sembrar la división y el resentimiento social instalando una imagen de Chile basada sólo en abusos y frustraciones, llenando la oferta política de derechos y desestimando deberes, prometiendo cambios sin haberlos diseñado y sabiendo que en algunos casos (gratuidad universal) eran inviables.

Cuando Lagos se decidió en septiembre pasado a plantear una alternativa para recomponer el proyecto de una centroizquierda moderna era ya demasiado tarde, y el Comité Central del PS no se atrevió a votar por un candidato que se identificaba como el autor del CAE (crédito con aval del Estado) y el Transantiago, olvidando injustamente el aporte que había hecho para modernizar Chile.

Pero Colodro no se refiere en detalle (no sabemos si por espacio o por opción) al silencio de Ricardo Lagos y muchos otros frente a la tarea de demolición que Michelle Bachelet y su Gobierno de la nueva Mayoría hicieron de la obra de la Concertación.

El Gobierno de Bachelet, en la época en que campeaban Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, ninguneó de manera humillante a la Concertación, a los partidos políticos y a los técnicos que habían participado en sus administraciones.

El programa de gobierno de Michelle Bachelet fue completamente insensato. Pretendía, en un período de cuatro años, realizar la más radical reforma tributaria desde 1985, aumentando la carga tributaria en tres puntos del PIB, desarmando la estructura que incentivaba el ahorro de las empresas, todo ello sin afectar la inversión y el crecimiento, según su ministro de Hacienda. Al mismo tiempo se puso como objetivo realizar una completa reforma educacional en los niveles escolar y superior, afectando seriamente a las instituciones privadas por la vía de prohibir pagos de apoderados, eliminar la selección y proscribir el lucro en educación escolar (cerca de 3.500 colegios), y disminuir los ingresos y exigir cambios en el gobierno corporativo a las instituciones que adscribieran a la gratuidad en educación superior, proceso aún en discusión legislativa en algunas etapas.

Como si esto fuera poco, realizó una radical reforma laboral que afecta el derecho de propiedad de las empresas, que se ven impedidas de operar durante la huelga al eliminar el reemplazo, e intentó entregar el monopolio de la negociación a los sindicatos, lo que fue parcialmente revertido por el Tribunal Constitucional.

Por último, se pretende, cuando quedan pocos meses de gobierno, realizar nada menos que una profunda reforma al sistema de pensiones e iniciar el camino para elaborar y aprobar una nueva Constitución Política.

Ha sido tal el descalabro que estas reformas han producido en la sociedad chilena que el Gobierno de Bachelet tiene el más bajo nivel de aprobación desde la vuelta de la democracia en 1990, y las mismas reformas ostentan  porcentajes de rechazo en la población que fluctúan entre el 55% y el 80 %.

Pues bien, la mayoría de estas reformas están plasmadas en el programa de gobierno de Bachelet. Algunos de los técnicos de la Concertación participaron activamente en la elaboración de ellas, como es el caso de la tributaria, y otros fueron cómplices pasivos al callar o incluso señalar que “estaban de acuerdo en sus objetivos” con un candor y falta de rigor que sorprenden en quienes durante mucho tiempo fueron capaces de gobernar a este país en administraciones que fueron exitosas.

Hoy hay cierta conciencia en el país en el sentido de que el Gobierno de Bachelet hizo un mal diagnóstico del malestar que percibió en la sociedad chilena, comprando las tesis del “derrumbe del modelo” y pensando que los chilenos querían echar por la borda el modelo de modernización capitalista. Por algún tiempo, Ricardo Lagos y sus seguidores se olvidaron de sus convicciones, renunciaron a defender su obra y se sumaron incluso en algunos casos a la prédica monocorde de la desigualdad, los abusos y el lucro que según los que vociferan en las calles y en los medios caracterizan a la sociedad chilena.

Cuando se dieron cuenta del fracaso del “Otro Modelo” y quisieron retomar su lugar en la izquierda con su discurso de modernización y moderación, era ya demasiado tarde. Ahora lamentan una izquierda que abrazó el populismo y sigue la consigna de la calle y un centro político abandonado por la Nueva Mayoría.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-