Gratuidad a la medida

Ayer se anunció en este mismo medio que más de la mitad de los alumnos de las nuevas universidades estatales (O´ Higgins y Aysén) estudiarán gratis a pesar de que estas instituciones no están acreditadas.

Si bien me alegra profundamente el hecho de que jóvenes con talento no vean limitadas sus oportunidades por su actual condición socioeconómica, creo que favorecer a algunos por el solo hecho de asistir a un plantel estatal es tremendamente injusto.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos 2017, una de las condiciones para que una institución de educación superior pueda adscribirse a la gratuidad es estar acreditada por al menos cuatro años, lo que suena bastante razonable. De forma insólita, sin embargo, este requisito no corre para las instituciones de carácter estatal, como si pertenecer al Estado fuese algún tipo de garantía de calidad en la entrega de servicios (falacia que lamentablemente a todos nos ha tocado alguna vez corroborar por experiencia propia).

Como resultado se tiene que estudiantes de idéntica situación socioeconómica y que asisten a instituciones de igual calidad (sin acreditación por al menos 4 años), cuentan con apoyos radicalmente distintos por parte del Estado. Incluso podría darse el caso de que un alumno más vulnerable que otro reciba menos (o ningún) apoyo por parte del Estado, asistiendo ambos a instituciones de calidad comparables.

Desgraciadamente prima una vez más la ideología por sobre la justicia.

 

Carta de María Cristina Tupper, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en La Tercera.-