La gratuidad universal en educación superior es una política regresiva

Una de las principales promesas de campaña de la Presidenta Bachelet fue la política de gratuidad universal en educación superior. Sin embargo, a solo un año de que termine su mandato, el nivel de cumplimiento de esta promesa es sumamente bajo y su impacto en la cantidad de jóvenes de bajo nivel socioeconómico que acceden a la educación superior no es claro.

"La gratuidad universal en educación superior es una política regresiva, primero porque implica el uso de recursos aportados por todos los chilenos (incluidos los más vulnerables) en beneficio de un grupo que no es el más necesitado", dice Cristina Tupper, investigadora del Programa Social de LyD. En segundo lugar porque incluso si los recursos proviniesen de las personas de mayores ingresos, al financiar esta política se están dejando de implementar otros proyectos que tienen mayores efectos sobre la calidad de vida de las personas más vulnerables y sobre la desigualdad.

"Además la gratuidad universal es una política ineficiente ya que utilizando menos recursos, podrían lograrse los mismos objetivos si estos se invirtieran en otro tipo de políticas, como -por ejemplo- en la educación inicial de estas mismas personas", señala Tupper. Si lo que se busca es que las personas más vulnerables tengan mejores oportunidades, el problema debe atacarse mucho antes.

Paradójicamente la Presidenta presenta en su programa la política de gratuidad como una herramienta para derribar las barreras de entrada que representan los aranceles para muchos jóvenes y así contribuir a una “igualdad de acceso” a la educación superior[i]. Dado que todavía se observan graves problemas en los niveles educativos inferiores, la prioridad de establecer esta igualdad de acceso es discutible, sin embargo el hecho de que para lograrla no se requiere financiar los aranceles de quienes pertenecen a los hogares más acomodados no lo es.

Por lo demás, hace ya varios años que sabemos que los aranceles son una pequeña parte de las barreras de entrada que enfrentan los jóvenes provenientes de los hogares de menores ingresos a la hora de acceder a la educación superior. Las bajas expectativas y la necesidad de trabajar, son en cambio factores mucho más relevantes a la hora decidir si continuar o no los estudios (ver Gráfico 1), por lo que si realmente se quiere promover una igualdad de acceso, se deben focalizar los recursos en reducir las barreras asociadas a estos elementos.

Lo anterior hace pensar que es muy difícil que la política de gratuidad logre facilitar el acceso a la educación superior a los sectores más vulnerables, especialmente considerando que ya existían una serie de becas y créditos subsidiados que atacaban este mismo problema.

 

Cumplimiento Promesa de Gratuidad

La meta establecida por la Presidenta para su gobierno fue que todos los estudiantes de educación superior que pertenecieran al 70% de menores ingresos de la población, estudiaran de forma gratuita.

De acuerdo a los datos de la CASEN 2015 (último dato disponible), el número de estudiantes de educación superior pertenecientes al 70% de menores ingreso el año 2015 fue de 751.263 (ver Cuadro 1).


Por otro lado, durante el mes de febrero el MINEDUC anunció que el número de beneficiarios de la gratuidad para el 2017 era a la fecha  94.871, pero que se esperaba que esta cifra aumentara a aproximadamente 220.000 una vez que terminara el proceso de asignación de este beneficio. ¿Cuál sería entonces el nivel de cumplimiento de la meta establecida por la presidenta en lo que va de su gobierno?

"Si suponemos que el número de estudiantes de educación superior pertenecientes al 70% de menores ingresos se ha mantenido constante desde el 2015 (supuesto conservador), entonces el nivel de cumplimiento de la meta sería de solo 12,6% si se consideran los 94.871 beneficiarios efectivos a la fecha y de 29,3% si se considera el número total de beneficiarios que el MINEDUC ha estimado que cubrirá la gratuidad durante el 2017", explica Cristina Tupper.

El resultado final probablemente estará entre ambas cifras, lo que de todas formas corresponde a un nivel de cumplimiento sumamente bajo (ver Gráfico 2).

 

Una de las grandes discusiones que se produjo a la hora de implementar la política de gratuidad, fue generada por la decisión original del gobierno de no dar la posibilidad a los Centros de Formación Técnica (CFTs) e Institutos Profesionales (IPs) de adscribirse a este régimen. Finalmente el Tribunal Constitucional determinó que esta medida era discriminatoria, y el gobierno se vio obligado a ofrecer a los estudiantes de CFTs e IPs la posibilidad de postular al beneficio.

Cabe preguntarse entonces ¿Cómo sería el nivel de cumplimiento de la meta si el Tribunal Constitucional no hubiese determinado que la política de gratuidad debía también incluir a CFTs e IPs?

Como se observa en el Cuadro 2, de los 94.871 beneficiarios, 55.544 corresponden a estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, y sólo 39.327 corresponden a universitarios. Se tiene entonces que de haberse cumplido con la condición original del gobierno, en el escenario actual el nivel de cumplimiento de la meta alcanzaría apenas el 5,2%.

Si en cambio, se cumplieran las estimaciones realizadas por el MINEDUC y el número de beneficiados fuera 220.000, se tendría que el nivel de cumplimiento de la meta alcanzaría el 12,1% (suponiendo que la participación de los CFTs e IPs en el número de beneficiados es la misma que se observa hasta ahora).

Ambos resultados se muestran en el Gráfico 3, donde además se comparan con los resultados del Gráfico 2.

Si bien todavía queda un año para que termine el gobierno de la Presidenta Bachelet, es evidente que es muy difícil que se logre alcanzar la meta autoimpuesta por la Mandataria, lo que no es ninguna sorpresa. Desde su campaña que distintos actores vienen advirtiendo a la Presidenta sobre la inconveniencia de la gratuidad como política para mejorar el acceso de los deciles más vulnerables a la educación superior. "Lamentablemente, la ideología y la presión de los grupos de interés pudieron más, haciendo que perdiéramos tiempo y recursos valiosos en el camino hacia la construcción de una sociedad más justa", añade Tupper.

 


[i] Programa de gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018: “Disminuir la desigualdad supone que el nivel socioeconómico y cultural de las y los estudiantes no sea una barrera al acceso, por lo que avanzaremos decididamente hacia la gratuidad universal”.