Lamentablemente, el prestigioso y respetado Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha ido deviniendo lentamente en una institución que defiende preferencialmente los intereses del actual Gobierno. Razones hay de sobra para preocuparse. No solo la parcialidad con que ha abordado y asumido la persecución penal del financiamiento irregular de la política —volcándose con todo el peso político e institucional que posee este cuerpo colegiado ante los Tribunales de Justicia en contra de un determinado sector político— deja en evidencia que ha abandonado su tradicional prescindencia política en el ejercicio de sus funciones; también en la selección de nuevos consejeros el Gobierno ha privilegiado las afinidades políticas por sobre las capacidades técnicas, generando una controversia sobre la mejor fórmula de designación de sus integrantes.
A fin de preservar la capacidad técnica de los consejeros, evitando los riesgos de politización del sistema, se han propuesto varias alternativas que descansan en diversas mociones parlamentarias que se tramitan en el Congreso. Junto con regular el sistema de nombramientos como respuesta a los cuestionamientos, estas mociones se hacen cargo de otros vicios del sistema que se han revelado a raíz de la designación de una ex ministra de Justicia como consejera vitalicia. Me refiero a los privilegios e inhabilidades que envuelve el cargo de consejero. Resulta indefendible que aún existan en nuestra institucionalidad organismos públicos donde la duración limitada y la exclusividad en el ejercicio del cargo no sean un elemento central de su fortalecimiento y reconocimiento institucional.
En el caso del CDE, cuya trayectoria de más de 120 años avala la importancia y necesidad de contar con un organismo autónomo e independiente que defienda los intereses patrimoniales del Estado, se debe avanzar más allá de modificar la forma de designación, duración y exclusividad del cargo de consejero. Aunque son aspectos importantes para recuperar el prestigio e independencia del organismo, resulta aconsejable plantearse cuál es el rol que debe tener un cuerpo como éste en la administración del Estado. No faltarán los aventurados que se cuestionen la necesidad de la existencia misma del organismo a la luz del desperfilamiento técnico que ha tenido bajo el actual Gobierno; otros podrán plantear legítimamente la incorporación de un modelo de defensa mixto, donde la defensa de los intereses patrimoniales del Estado también pueda ser ejercida por abogados particulares, replicando la experiencia de la Defensoría Penal Pública.
Pero hay un elemento que es incuestionable en el contexto actual del país: el fuerte auge de los litigios en que participa el Estado, sea como demandante o demandado. Aunque hay múltiples factores que explican este incremento, se puede mencionar la creciente litigación contra el Estado de Chile por incumplimientos de contratos y reglas por parte de distintos organismos, sea en sede chilena o internacional, como una de las principales causas de este fenómeno.
Como puede advertirse, la necesidad de defender los intereses del Estado solo irá en aumento en el futuro. Ello nos obliga no solo a revisar aspectos orgánicos del CDE, sino que también nos presenta la oportunidad de hacer una revisión y proyección sobre su institucionalidad con una mirada de largo plazo, revisando sus atribuciones y competencias, modelo de gestión, entre otros. La invitación, entonces, es a que recuperemos este vital organismo para que vuelva a ser el gran y respetado Consejo de Defensa del “Estado”.
Francisco Orrego B., Subdirector de Asuntos Políticos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-
