31 de marzo de 2017

¿Qué cambios deberían hacerse a la reforma escolar y a la gratuidad?

Las reformas en educación han generado (o generarán, en la medida que se vayan implementando) varios problemas que debieran tratar de ser resueltos en un próximo gobierno.

Un primer problema tiene que ver con la cobertura. El fin al lucro, junto con la obligatoriedad que se les impuso a los sostenedores de los colegios de ser dueños de la infraestructura ya han comenzado a mostrar sus primeros efectos, a pesar de que los plazos para cumplir con ambas condiciones han sido prorrogados. Frente a esto, la investigadora del Programa Social de LyD, Cristina Tupper, señala que un próximo gobierno debiera eliminar la obligación de ser dueños de la infraestructura y la prohibición que se estableció para subvencionar nuevos colegios, a menos que el Mineduc considere que “existe una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos educacionales que reciban subvención o aporte estatal, o que no exista un proyecto educativo similar en el territorio en el que se pretende desarrollar”.

Un segundo problema es que se eliminó la posibilidad de que las familias puedan complementar el aporte que hace el Estado a la educación de sus hijos y así acceder a proyectos que consideran mejores. Si, por ejemplo, la subvención es de $100.000, con el copago las familias tenían la posibilidad de poner $20.000 y acceder a un proyecto educativo que costaba $120.000. Hoy en cambio (o mejor dicho, cuando se elimine por completo el copago), las familias están obligadas a pagar los $120.000 para acceder a ese mismo colegio o conformarse con un proyecto que tiene un costo de $100.000. “Se niveló hacia abajo. Esto debe revertirse, lo eficiente y justo es que el Estado complemente los esfuerzos que pueda hacer cada familia y no que los reemplace“, afirma Tupper.

En relación a esto hay quienes dicen que la evidencia muestra que los colegios con copago no tienen mejores resultados que los sin copago una vez que se corrige por nivel socioeconómico, y que, por lo tanto, las familias hacen un esfuerzo adicional solo para que sus hijos tengan compañeros parecidos a ellos. Sin embargo, existe evidencia de que estos colegios sí tienen mejores resultados en otras mediciones distintas a las pruebas SIMCE tradicionales, como en la relación que establecen los profesores con los alumnos, la disciplina, el ambiente de convivencia, etc.

Otro problema es que al eliminar toda posibilidad de selección en los colegios, se eliminó también la posibilidad de que existan proyectos educativos especializados en la formación de alumnos con alto desempeño académico (en teoría la ley crea un mecanismo para permitir su existencia, pero este es muy deficiente). Para Tupper, lo grave de esto es que se les cierra a las familias de escasos recursos una vía fundamental de movilidad social, y como país estamos desperdiciando talento.

Si bien no es deseable que el acceso a
proyectos especializados en la formación de alumnos de alto desempeño este supeditado al nivel socioeconómico, es importante poder identificar a estos alumnos y brindarles la oportunidad de desarrollar sus capacidades cuando sus familias no tienen los medios para hacerlo. “Para esto se deben crear mecanismos adecuados de selección, pero evitar su existencia no es el camino”, dice la investigadora de LyD.

Finalmente, en cuanto a gratuidad en educación superior, éste es un camino totalmente equivocado. En primer lugar porque requiere de una importante cantidad de recursos que hoy tienen usos alternativos mejores (educación inicial, salud, etc). En segundo lugar porque las restricciones que enfrentan los jóvenes de los primeros deciles para acceder a la educación superior no tienen que ver con los aranceles, sino que más bien con sus deficientes resultados académicos y sus propias expectativas (según datos de la encuesta CASEN 2015, de los jóvenes entre 18 y 24 años que no estudia, solo un 8,9% afirma que esto se debe a razones económicas).

“Si lo que se quiere es aumentar la proporción de jóvenes de los primeros deciles que accede a la educación superior, la gratuidad es entonces una muy mala política”, dice Tupper. Un próximo gobierno debiera enfocarse en promover el acceso a la educación superior desde edades más tempranas, enfocándose en mejorar por un lado la calidad de la educación que reciben los alumnos de los primeros deciles y las expectativas que ellos y sus familias tienen sobre el futuro.