Durante las últimas décadas ha aumentado progresivamente la participación de adultos mayores en el mercado del trabajo, superando hoy el 21% de las personas con edad igual o mayor a 65 años.

Frente a un incremento sostenido de la esperanza de vida y las tasas decrecientes en materia de natalidad, vemos cómo nuestra sociedad y, por tanto, nuestro mercado laboral lentamente va envejeciendo, por lo que una buena manera de abordar este fenómeno es precisamente adelantarse a una realidad que requiere de políticas públicas eficientes que sean capaces de hacerse cargo de la inserción laboral de estos trabajadores.

Hoy, a pesar de la ausencia de incentivos gubernamentales, vemos cómo algunas empresas, principalmente del comercio, han apostado por contratar a personas de la tercera edad valorando virtudes propias de estos trabajadores como el compromiso y el buen servicio, pero, sin duda, a nivel país estos esfuerzos aislados parecen insuficiente.

Al revisar la actual legislación nos encontramos con una normativa común aplicable tanto al joven que recién ingresa al trabajo como a aquél que supera la edad mínima de jubilación, donde figuras como la indemnización por años de servicio, el sistema de cotizaciones de salud y previsional, el régimen de jornadas y de contratación en general muchas veces juega en contra de la tercera edad, atendidos los costos asociados a su contratación y la ausencia de mecanismos de incentivos a los empleadores y a los trabajadores para permanecer en sus puestos de trabajo o buscar nuevos empleos una vez alcanzada cierta edad.

Llama la atención cómo el Congreso por su parte rema precisamente en la dirección contraria, toda vez que insiste con la tramitación de un proyecto de ley que pretende fijar indemnización por años de servicios ante la contingencia de muerte del trabajador, independientemente de la causa, lo cual no es más que un nuevo obstáculo a la contratación mediante el encarecimiento de los costos ante la necesidad del empleador de reservar altas sumas de dinero para cubrir este tipo de siniestros, los cuales aumentan en riesgo frente al avance en edad de los trabajadores.

En momentos en que se discuten medidas tendientes a mejorar las pensiones y las personas mayores desean y están participando con más fuerza de la vida social, no podemos dejar de lado lo que corresponde al mundo del trabajo y de cómo derribar barreras que muchas veces los dejan fuera.

Muchas personas cuando se aproximan a su edad de jubilación no quieren dejar de trabajar o bien deciden libremente permanecer unos años más activos a fin de mejorar su pensión, reunir mayores ahorros o mantener su actividad y su aporte a la sociedad por medio del trabajo, sea este dependiente o independiente.

Sin lugar a dudas, resulta indispensable hacerse cargo de este tema, mediante un rediseño de una serie de programas ministeriales que debieran incluir la variable tercera edad como sucede con los subsidios al empleo (que se contemplan hoy sólo para mujeres y jóvenes), los programas de capacitación laboral en materias tales como la alfabetización digital, así como en el financiamiento y acompañamiento de pequeños emprendimientos.

Asimismo, una tarea pendiente para este gobierno o el próximo será idear un estatuto especial para este tipo de trabajadores, donde se recojan sus particularidades y se les posicione como trabajadores competitivos para poder obtener un empleo, lo cual sólo se lograría mediante mecanismos de adaptabilidad laboral en materia de jornadas, combinación de trabajo a distancia y presencial, sistemas que reemplacen la indemnización por años de servicios, regímenes de cotización especial, etc.

El trabajador de la tercera edad es una realidad cada vez más recurrente en nuestro país, por lo que debiéramos ser capaces de adelantarnos y hacernos cargo de este gran desafío antes que se transforme en un problema que se intente solucionar mediante posturas populistas y poco estudiadas que no siempre son las más eficientes y convenientes para el mercado del trabajo.

Columna de Sergio Morales, abogado de LyD, en Pulso