Incertidumbre regulatoria

Una de las tantas explicaciones que se le ha dado al bajo rendimiento de la economía, la cual se estima creció sólo un 1,5% en 2016, se refiere a la incertidumbre regulatoria existente en diversas áreas, debido al importante número de propuestas de modificaciones legales que se encuentran actualmente en discusión en el Congreso, o bien se espera sean discutidas en los próximos meses, lo cual genera un clima de dudas respecto del marco normativo que les regirá a los distintos sectores a futuro.

Entre estas propuestas destacan la reforma al Código de Aguas, la modificación a la actual legislación de las empresas sanitarias, la modificación al Servicio Nacional del Consumidor y la prometida reforma al sistema de pensiones. Además, se pueden agregar las incertezas generadas por la reforma laboral, y que no han podido ser resueltas por los dictámenes de la Dirección del Trabajo.

En lo que respecta al Código de Aguas, uno de los puntos esenciales del proyecto dice relación con la modificación que se pretende realizar al derecho de propiedad que se tiene hoy sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, debido a que se busca modificar el carácter de perpetuo del derecho de propiedad, por uno temporal, en el cual su uso y goce tendrán una duración máxima de 30 años prorrogables, salvo que se acredite el no uso efectivo del recurso acuífero, o bien se cambie la finalidad para el cual fue destinado de manera original. Lo anterior deja de manifiesto que más que un derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, pareciera que lo que se otorgarán serán concesiones administrativas. Además subsisten las dudas respecto del carácter que tendrán los derechos actualmente vigentes, y si sobre estos habrán cambios legales.

Sin duda que de aprobarse la reforma, existirá un impacto en los proyectos de inversión que involucren el uso de recursos hídricos, debido a que es muy distinto al momento de buscar financiamiento, garantizar las obligaciones con algo sobre lo cual se es dueño, que con algo sobre lo que recae una concesión administrativa.

Otra iniciativa que ha generado bastante ruido, es la propuesta que supuestamente pretende perfeccionar la legislación aplicable a las empresas sanitarias, sin embargo, el proyecto además de carecer de rigurosidad técnica y de un análisis acabado de las implicancias que tendrían las modificaciones propuestas, introduce modificaciones a las reglas que se tuvieron a la vista por parte de las empresas al momento de realizar las inversiones, estableciendo un daño reputacional al país, además de desincentivar futuras inversiones en este y otros sectores, debido a las incertezas que se generan.

En algunos de los aspectos más relevantes, la iniciativa busca eliminar el piso del 7% de la tasa costo de capital y reduce el premio por riesgo, uno de los componentes de la tasa, a un porcentaje no menor al 1%, ni superior al 1,5%; prohíbe la subcontratación de actividades como la lectura de medidores o facturación y procesamiento de datos; cambia la actual composición de la Comisión de Expertos que dirime las discrepancias entre las partes, rompiendo el equilibrio existente hasta ahora en que cada uno de los actores nombraba a un experto, y el tercero se hacía de común acuerdo, el proyecto de ley deja al tercer miembro a potestad del Superintendente. Además, se aumentan las sanciones en caso de incumplimiento de obligaciones, y se elevan las exigencias relativas a prestación de servicio, sin considerar factibilidades técnicas o administrativas, entre otras diversas modificaciones al DL 70 de 1988, DFL 382 de 1988 y la ley 18.902.

Por otra parte, las modificaciones al Servicio Nacional del Consumidor, que en teoría buscan perfeccionar la institucionalidad del actual Servicio y sus atribuciones, están bastante lejos de ser medidas que den certezas, en especial debido a que el modelo institucional propuesto no responde a los estándares de garantías al debido proceso necesarios, debido a que deja en la misma estructura las facultades investigativas y sancionadoras, aún cuando se intente establecer una separación estructural entre ambos roles.

La anterior preocupación se ve incrementada debido a las facultades normativas que tendría el Director del Servicio, pese a la intención de establecer un Consejo Técnico no vinculante que de su opinión al Director. El establecimiento de las facultades normativas e interpretativas permitirá al Sernac dictar regulaciones para todo tipo de mercados, incluso aquellos que ya están regulados por otras instituciones. En este sentido, parece más apropiado fortalecer el rol de fiscalizador del servicio, estableciendo mayores facultades de información, pero radicando en tribunales las facultades sancionadoras. Así mismo, las facultades normativas podrían quedar en un Consejo Normativo robusto, o bien utilizar la recientemente creada institucionalidad de la Comisión para el Mercado Financiero.

Sin embargo, los problemas del proyecto del Sernac, no se limitan únicamente al diseño institucional, sino también a otras áreas como la estructura y procedimiento sancionatorio.

En materia de pensiones, la falta de certeza es absoluta, ya que lo único que se tiene en vista es el anuncio de la Presidenta de incrementar en cinco puntos la cotización previsional de los trabajadores, sin tener claridad de quien deberá soportar el costo del incremento o cual será el destino de estos recursos. Tampoco ha existido una posición clara respecto de la propuesta que realizan algunos sectores de expropiar las cuentas individuales de los trabajadores con el objeto de incrementar las actuales pensiones que hoy se entregan. Es de esperar que durante el año este tema no sea utilizado como herramienta electoral, y que la discusión pueda ser eminentemente técnica.

Es indudable que la existencia de estas iniciativas genera dudas respecto del marco normativo futuro para estos distintos sectores, lo cual impacta directamente en las decisiones de inversión y generación de nuevos proyectos. Si bien las normas legales son perfectibles, es indispensable que las modificaciones vayan en la línea apropiada, basándose en evidencia clara y contundente que las justifique y oriente.

 

Columna de Francisco López, Coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio Legal.-