Durante esta semana dos de las máximas autoridades en salud publicaron en este medio una columna sobre los importantes avances en materia de infraestructura, en la cual abundan la autocomplacencia, un infundado exitismo y una serie de omisiones, y carece de una necesaria autocrítica.
Se habla de notables avances de un Plan de Inversiones en Salud, pero se omite que el Plan que por estos días se ejecuta no tiene relación alguna con lo que se prometió en 2014. Sabido es que ha habido constantes cambios, lo que ha producido confusión, estupor y muchas veces decepción. De las 2.497 camas comprometidas para marzo de 2018 en el plan original (20 hospitales construidos para el fin del gobierno) se dejarían repuestas sólo 1.350 camas en 27 hospitales, de las cuales más del 70% viene como inversión de arrastre de la administración anterior y sólo corresponden a hospitales de baja complejidad y/o comunitarios. Los grandes hospitales como Sótero de Rio, Quillota, Marga-Marga, Barros Luco, Curicó, Linares, Chillán, San Antonio, Alto Hospicio, Villarrica, entre otros, han sufrido retrasos de al menos 3 años, algunos por detención de procesos de adjudicaciones (sin razón alguna) que ya estaban en marcha en 2014 y otros sólo por deficiencias administrativas en dichos procesos. La retroexcavadora ideológica que sufrieron las concesiones en salud ha significado, además de un retraso considerable en algunos proyectos, un sobrecosto fiscal de varios miles de millones de pesos, siendo el caso del hospital de Curicó muy emblemático.
De los proyectos de la administración anterior cuya corrección se difunde como éxito político, debemos recordar que algunos de ellos fueron adjudicados en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet y arrastraban severos déficit de diseño y gestión que fueron corregidos, incluso en ocasiones con término de los contratos, elementos de corrección realizados en silencio y sin buscar crédito político alguno.
Respecto a la ejecución presupuestaria de las inversiones, la información entregada en la columna se opone a los datos entregados por el Director de Presupuestos, quien en una reciente presentación mostró que los más de $395 mil millones de pesos invertidos durante 2016 en bienes de capital en salud (que bien mencionan las autoridades en su columna) equivalen sólo a 69,8% del presupuesto inicial asignado a este fin. Si consideramos sólo el subtítulo 31, que es aquel que representa la ejecución de nueva infraestructura (deja fuera la adquisición de equipamiento y los compromisos de las concesiones que están por contrato) la ejecución 2016 fue de sólo 61% con respecto al presupuesto inicial, inferior al también bajo 64% alcanzado en 2015. Esto implica que por este concepto se ejecutaron sólo $304 mil millones de los casi $500 mil millones originalmente presupuestados.
Si a lo anterior sumamos una deuda operacional histórica (no obstante la inyección adicional de recursos que ha debido realizar el Ministerio de Hacienda), y extensas listas de espera que no logran ceder, notamos que la realidad de gestión de nuestro sistema de salud está lejos de aquella que nuestras autoridades intentan pintar. No hay nada que celebrar.
Columna del Dr. Luis Castillo, Ex –Subsecretario de Redes y Alejandra Candia, Libertad y Desarrollo publicada en La Tercera.
