Concluido el debate y aprobada la Ley de Presupuestos para el Sector Público para el 2017, son varias las lecciones a tener en consideración. En un escenario austero, el Gobierno tuvo que contener las demandas de mayor gasto, siendo éste el de menor crecimiento desde el año 2003, alcanzando un 2,7%, moderado, pero igualmente expansivo, pues contribuye al aumento del déficit desde -3,1%, estimado para el presente año, a un -3,3% para el 2017.
En las peticiones de mayores recursos, sin embargo, hubo ciertos ganadores. Sin duda debe ser destacado el aumento de $3.500 millones al Programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública y el de $8.585 millones al Programa de Educación Superior, lo que contribuye al fin de la discriminación entre distintos estudiantes. Dichos recursos se obtienen de reasignaciones de todas las Partidas, a excepción de Salud, Seguridad y Poder Judicial, a través de una disminución en un 0,7% Subtítulo 22 que corresponde a Bienes y Servicios de Consumo, además de recursos de las Provisiones del Tesoro Público.
El Gobierno además hizo reasignaciones para incrementar los recursos en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICYT por $2.300 millones, los que serán destinados al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, se incluyen $3.000 millones para la implementación del Plan Comunal de Seguridad Pública en las comunas de la Región de la Araucanía, donde se financiarán iniciativas que contribuyan a la reposición de las actividades económicas que resulten afectadas por eventos de violencia rural. Junto con ello, al 31 de diciembre del presente año, el Ministerio del Interior deberá informar el programa comprometido para desarrollar en la Región de La Araucanía durante el año 2017, a raíz de los resultados de la encuesta Casen, que identificó a esta Región como la más pobre del país.
Además se efectuaron importantes mejoras en el Presupuesto de la CONADI, donde se fortaleció la regulación de entrega de tierras del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, donde deberá priorizarse aquellas referidas a inmuebles cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada.
Sin embargo, al contrario de lo que pasó en el Ministerio de Agricultura donde se efectuaron reasignaciones para incrementar su presupuesto, la deuda sigue pendiente para el SENAME, donde se espera que se fortalezca el Servicio a través del Proyecto de Ley en trámite que separa las funciones de protección a menores y aquellos infractores de ley. Además, de la reformulación que los programas que fueron evaluados de forma deficiente por la DIPRES en materia de Justicia Juvenil.
Un avance a destacar, sin embargo, trata sobre la mejora que se hizo a las glosas de información de este Programa, a través de las cuales durante el 2017 se incrementarán los deberes de información en relación a atendidos directa o indirectamente por el SENAME o a través de los Organismos Colaboradores, sobre sumarios administrativos, cobertura total, distribución por comunas, tipo de vulneración, número de plazas disponibles, entre otras.
Uno de los ejes más relevantes en esta discusión trató sobre el fortalecimiento de las regulaciones y fiscalización contra el intervencionismo electoral, en atención a las elecciones presidenciales del año 2017.
Uno de los aspectos que recogió el Gobierno a propuesta de los Parlamentarios fue el de limitar el gasto en Publicidad y Difusión imputado al Ítem 07 del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, al parámetro de los dos años previos a la elección, lo que se destaca como un avance, pues por primera vez el gasto por este ítem se encuentra consagrado a nivel legal en la Ley de Presupuestos.
Este gasto consiste en aquellos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias, servicios de exposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3º de la Ley Nº 19.896. Asimismo, entran en este ítem, los “Servicios de Impresión”, que comprende los gastos por concepto de servicios de impresión de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos fines, reproducción de memorias, instrucciones, manuales y otros similares, y los “Servicios de Encuadernación y Empaste” que incluye los gastos por concepto de servicios de encuadernación y empaste de documentos, informes, libros y similares.
Asimismo, el Ejecutivo a propuesta de los miembros de la Comisión Mixta, informará de forma consolidada las modificaciones presupuestarias efectuadas mensualmente por partida, con una descripción indicando si se trata de incrementos por aplicación de leyes, reducciones por ajuste fiscal, o modificaciones por decisiones de política pública, especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida.
Uno de los aspectos más relevantes para la concreción de políticas públicas que diseña un gobierno es la evaluación que se hace de los distintos programas.
Anualmente se debe efectuar la evaluación de los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en los presupuestos de los servicios públicos que se determinen mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda. Las evaluaciones de los programas consideran, entre otros, la justificación del programa, su diseño, los principales aspectos de organización y gestión y los resultados o desempeño en términos de eficacia, eficiencia y economía, finalizando con conclusiones y recomendaciones.
Durante la tramitación de la Ley en la Cámara de Diputados, se aprobó una indicación que mejora el seguimiento que puede hacer el Congreso a los programas evaluados de forma deficiente, donde el Congreso tendrá información sobre el trabajo que los distintos Servicios deben implementar de acuerdo a las recomendaciones del Informe Final de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG).
Junto con ello, se logró adelantar la fecha de entrega de los resultados de la evaluación de programas EPG que efectúa la DIPRES y aquella a cargo del Ministerio de Desarrollo Social en el Banco Integrado de Programas Sociales, a 15 días antes del comienzo de la tramitación de la Ley de Presupuestos.
Finalmente, y clave también para la evaluación de los programas que ejecuta el gobierno y la focalización de los recursos, es el Informe de Desarrollo Social, que el Ministerio de Desarrollo Social debe presentar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, de acuerdo al Artículo 3 letra v) de la Ley N° 20.530, también será enviado el 31 de agosto de 2017.
Cristina Torres, abogada del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.-
