Incertezas en la implementación de la nueva Ley Laboral

S moralesEl pasado jueves 01 de Diciembre, la Dirección del Trabajo de oficio, dictó su tercer dictamen referente a la implementación de reforma laboral, que entra en vigencia en Abril del 2017.

En el dictamen Ord. 5781/0093, el organismo se pronuncia sobre las reglas generales del procedimiento de negociación colectiva, intentando exponer de manera didáctica las distintas etapas del proceso, así como interpretar algunas expresiones contenidas en la nueva ley.

"Lo cierto es que en materia procedimental sólo expone las distintas normas sin realizar innovaciones o abriendo espacios a mayor incertidumbre, como sí ocurrió en materia de servicios mínimos, cuestión del todo pertinente, más aún considerando que la negociación colectiva es materia de reserva legal", comenta Sergio Morales, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.

Sin embargo, del análisis del dictamen es posible apreciar un hecho de gran relevancia jurídica y es que al mencionar a las partes de la negociación colectiva, la Dirección del Trabajo hace referencia exclusivamente a los sindicatos, guardando silencio respecto de los grupos negociadores. Esta omisión contraviene lo dispuesto en la sentencia rol 3016-2016 del Tribunal Constitucional en la cual se declaró inconstitucional la titularidad sindical contenida en el proyecto de ley de reforma laboral, señalando expresamente que el derecho a negociar colectivamente pertenecía a los trabajadores, quienes pueden negociar bien sea como sindicatos o bajo la forma de grupo negociador.

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo desperdició una gran oportunidad para brindar una mayor certeza jurídica y despejar, al menos en parte, las dudas que quedaron luego de la promulgación de la ley 20.940. El Tribunal Constitucional fue muy claro al reconocer la existencia de los grupos negociadores y al darles derechos similares que los de los sindicatos.

Para Sergio Morales el dictamen vulneraría una serie de garantías constitucionales consideradas por el Tribunal Constitucional al momento de declarar inconstitucional la titularidad sindical. Frente a este actuar de la Dirección del Trabajo, ente público encargado de interpretar administrativamente las normas laborales, queda de manifiesto un vicio de relevancia jurídica que probablemente será objeto de acciones jurisdiccionales que pretendan dejarlo sin efecto y hagan valer la interpretación del Tribunal Constitucional.

ESTUDIO LyD: Incertezas en la implementación de la nueva legislación laboral