Hoy se vota en el Senado la reforma constitucional que permite la elección directa de intendentes, último trámite legislativo tras aprobar el proyecto en comisión mixta. El gobierno insiste en que estas autoridades se elijan en noviembre del próximo año, junto con las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, por esto se está actuando en forma precipitada buscando que sea aprobada "a como dé lugar”. Bettina Horst, Gerente General de Libertad y Desarrollo, explica los aspectos del proyecto que hoy impiden un avance en descentralización.
La fórmula de elección de autoridades regionales que está propuesta en la reforma constitucional, establece que sólo serán electos los candidatos que cuentan con más del 40% de los votos, y en caso contrario, las dos primeras mayorías pasan a segunda vuelta. Esta fórmula es algo nuevo en nuestro sistema electoral, y no es similar a los mecanismos de elección presidencial, parlamentaria o municipal de Chile. Ya que siendo las autoridades regionales más bien similares a las autoridades municipales, es de toda lógica que su forma de elección hubiese sido similar.
Sin duda, uno de los argumentos que ha cobrado fuerza en esta discusión es el hecho que actualmente los gobiernos regionales, más allá de lo que establece la ley, ejercen escasas competencias. Ello, por cuanto en la práctica sólo tienen atribuciones reales para efectos de aprobar modificaciones a los planos reguladores y recursos para financiar proyectos de infraestructura. No hay dos opiniones al respecto: los gobiernos regionales cuentan con escasas competencias.
Es por esto que la intención del Gobierno de elegir intendentes y luego definir qué tipo de gobiernos regionales encabezarán estas autoridades, es a todas luces otra reforma mal pensada, hecha a la rápida y con consecuencias negativas y sobre todo contraproducentes para avanzar realmente en materia de descentralización, además resulta un error desde el punto de vista del diseño institucional del aparato público
Por otra parte contar con autoridades regionales electas de una coalición política distinta a la del gobierno central, es altamente probable que se dificulte el traspaso de más recursos y atribuciones desde el gobierno central al regional.
Es por esto que si se quiere avanzar en materia de descentralización, primero se deben descentralizar competencias y recursos y luego evaluar la conveniencia de tener autoridades regionales electas. En este caso el orden de los factores sí podría terminar por alterar el producto final.
