Modificación a la ley de Servicios Sanitarios constituye una amenaza para desarrollo del sector y sus usuarios

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una Moción que “Modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores”. Ingresada al Congreso en julio del presente año, ésta fue discutida solamente en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, para luego ser aprobada en Sala con 108 votos a favor y ninguno en contra. La iniciativa, que ahora deberá ser discutida en la Comisión de Obras Públicas del Senado, ha levantado fuertes críticas, las que al parecer no fueron advertidas durante el primer trámite legislativo. La aprobación del proyecto constituye una grave amenaza para el desarrollo del sector sanitario y, por ende, para los propios usuarios.

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL PROYECTO

  1. Modifica el cálculo de la tasa de costo de capital (TCC). La legislación vigente dispone que la TCC corresponde a la tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central para sus instrumentos reajustables en moneda nacional de plazo igual o mayor a 8 años, más un premio por riesgo que no podrá ser inferior a 3%, ni superior al 3,5%. Establece además que la TCC no podrá ser inferior a 7%. La modificación legal propuesta eliminaría el piso de 7% y reduciría el premio por riesgo a uno no menor a 1%, ni superior al 1,5%.

"Esta modificación es altamente gravosa puesto que tiene un impacto directo en la rentabilidad de las inversiones del sector sanitario", señala Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas de LyD. En efecto, el cambio propuesto significa, a los valores actuales, una rebaja aproximada de 4 puntos porcentuales en la TCC; es decir la rentabilidad esperada de la inversión cae significativamente, de 7% a cerca de 3% anual. Lo anterior se traduce financieramente, en una reducción muy significativa en el valor de las compañías, situación que ya se ha visto en parte reflejada en la fuerte caída del valor accionario de las empresas sanitarias que transan en bolsa.

Lo más grave es que la TCC que fijaría la ley, de mantenerse lo aprobado en la Cámara de Diputados, podría significar una rentabilidad nula o incluso negativa para las inversiones de las empresas sanitarias, puesto que se les estaría reconociendo un costo de capital equivalente a la tasa con que se financia la propia banca en el mercado de capitales chileno, tasa que ciertamente, es inferior a la que éstos financian a las empresas del sector.

  1. Para el caso de indivisibilidad de proyectos de expansión que permitan satisfacer parcial o totalmente demandas previstas de servicios no regulados que efectúe el prestador, el proyecto de ley propone descontar a favor de la tarifa final del usuario, el equivalente a una proporción de 50% de las utilidades que el prestador perciba por servicios no regulados.

La legislación vigente considera una partición de costos con la proporción en que sean utilizados los activos por los servicios regulados y no regulados. Lo anterior ha generado discusiones en el pasado, sobre todo cuando no existe incremento de costos asociados a la prestación de servicios relacionados. En consecuencia, resulta razonable buscar una fórmula que permita compartir las utilidades, traspasando a tarifa final una parte de estos márgenes adicionales, siempre que estos se mantengan en rangos razonables (no superiores a 50%).

  1. Dispone la prohibición para la subcontratación de actividades como lectura de medidores, facturación o procesamiento de datos, pueda ser desarrollada por una sociedad filial o coligada a la empresa matriz.

"Esta prohibición parece excesiva, y cuya implementación podría derivar en tarifas más altas para el servicio sanitario, pudiendo evaluarse opciones de mejora como la licitación del servicio entre prestadores asociados y no asociados, con bases conocidas y no discriminatorias, respecto de terceros que puedan prestar estos servicios de manera más eficiente", indica la abogada del Programa Legislativo de LyD, Cristina Torres.

  1. Propone que los estudios del prestador y de la SISS, así como los antecedentes, procedimientos de cálculo e informes utilizados en la fijación de tarifas, tengan carácter público durante el proceso de tarificación y que cualquier persona con interés en el proceso pueda aportar antecedentes técnicos, los que deberán ser abordadas en la Resolución de la SISS.

La participación de terceros, usuarios o instituciones interesadas ha sido una tendencia generalizada en la las modificaciones regulatorias del último tiempo, pero no por ello conveniente. Podría ser positivo en la medida que se establezcan criterios objetivos respecto de qué se entiende por participantes, usuarios o instituciones interesadas, acotándolas a instituciones colegiadas como asociaciones de usuarios, y con plazos acotados, a fin de evitar una sobre carga burocrática para el regulador y una retraso en el proceso tarifario.

Por otra parte, si bien parece razonable que las partes interesadas aporten antecedentes y participen del proceso de tarificación, ello no debe dificultar la labor de los paneles o comisiones de expertos que deberían dirimir las discrepancias solo entre el regulador y el regulado, y no entre tantas propuestas como se presenten al proceso. La modificación más valiosa en este sentido es la que incluye el proyecto en el sentido que los expertos no tengan que dirimir un conjunto cada vez más largo de discrepancias, sino que deban optar por uno de los dos estudios (regulador y regulado) en su totalidad.

  1. Modifica la composición de la comisión de expertos que dirime discrepancias. Actualmente está compuesta por tres expertos nominados uno por el prestador, otro por el Superintendente y el tercero, de común acuerdo. El proyecto propone mantener los tres expertos, pero solo uno nominado por el prestador y dos por el Superintendente.

"Esta disposición es gravísima pues afecta directamente la labor que se espera de un panel o comisión de expertos para dirimir legítimas discrepancias entre regulador y regulado", explica Jiménez. Si dicho panel está compuesto por dos representantes del Ejecutivo, dicha tarea resultaría sesgada y afectaría la certeza jurídica que requiere todo agente para realizar inversiones.

  1. Se restringe cualquier otra prestación que genere utilidades para la empresa sanitaria y que no afecte o sea incompatible con el giro, a que obedezca a un interés público.

Esta disposición limita innecesariamente el desarrollo de actividades relacionadas, lo cual no tiene fundamento y, en cambio, reduce la posibilidad de ejecutar iniciativas que pueden generar valor para la sociedad.

  1. Establece que para cualquier territorio urbano adyacente a los actuales territorios operacionales de los prestadores sanitarios será incorporado a las áreas operacionales existentes cuando se trate de viviendas sociales de gobierno. Establece además que el prestador estará obligado a la prestación del servicio, no siendo aplicables los requisitos de que las nuevas áreas sean factibles técnicamente ni factibles de enfrentar administrativa y financieramente por el prestador.

"Esta disposición es altamente gravosa pues no solo obliga al prestador a entregar el servicio en áreas que no forman parte de su territorio operacional, sino que además no admite una evaluación previa de factibilidad técnica y económica", dice Torres.

  1. Se incorporan compensaciones a los usuarios de cargo del concesionario, adicionales a las sanciones que correspondan, equivalentes a 5 veces el valor promedio del consumo diario de los últimos 3 meses, multiplicando por el número de días en que se registró la suspensión del servicio (independiente de la duración en horas del evento).

La introducción de compensaciones a los usuarios de cargo del concesionario ha sido la tendencia que ha imperado en las últimas modificaciones regulatorias de distintos sectores (transmisión eléctrica, gas de red), por lo cual resulta difícil que no se proponga un cambio en la ley de servicios sanitario. Lo anterior incluso puede ser positivo del punto de vista de delimitar la acción en base a la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores respecto de las leyes especiales sectoriales; sin embargo, preocupa que no establezca topes máximos a la compensación ni tiempos mínimos de tolerancia para la suspensión del suministro.

  1. Se establece que será de cargo del prestador asumir el costo de suspensión del suministro y la reposición del servicio derivado del no pago del usuario, lo cual se cobra en la regulación vigente al usuario.

Cristina Torres explica que esta indicación busca homologar la regulación de servicios sanitarios a las recientes modificaciones aprobadas en la ley de gas de red. Sin embargo, no toma en consideraciones que el servicio de corte y reposición varía dependiendo del sector; lo que en el caso de telecomunicaciones puede ser un mero trámite a distancia, en el caso del gas constituye un costo no menor para la empresa, y en el caso sanitario es aún mayor pues significa intervenir cañerías. Cabe entonces cuestionar el hecho que, un servicio que genera costos no despreciables, deba ser socializado hacia todos los usuarios (porque finalmente será incorporado a los costos de la empresa modelo) y no adjudicado a quienes generan, producto de su no pago, ese costo adicional.

  1. Se establece que si las aguas servidas o tratadas son usadas en cualquier acto o contrato a título oneroso, se considerará un servicio relacionado o no regulado, en cuyo caso, el descuento exigido a favor de la tarifa final del usuario será de 80%.

En línea con lo señalado anteriormente (punto 2), el traspaso de utilidades no debiera ser superior a 50% puesto que desincentiva el desarrollo de otros servicios relacionados que generan valor para la sociedad.

  1. Se elevan drásticamente las multas, en proporción de 1 a 10 en la mayoría de los casos previstos en la ley actual.

El aumento de multas es totalmente desproporcionado y dicho incremento carece de fundamento -cuestiona la economista, Susana Jiménez-, desconociendo un reciente fallo del Tribunal Constitucional que dictaminó que cualquier multa debe establecerse en base a parámetros objetivos. Cabe recordar que, si bien las multas elevadas generan un incentivo a mejorar la calidad del servicio y un desincentivo a incumplir con la normativa vigente, lo cierto es que se convierten en una contingencia muy onerosa que, al menos en parte, se traduce en mayores costos de provisión del servicio, lo que termina golpeado las tarifas finales.