Araucanía: Violencia fuera de control

YASMIN ZAROREn las últimas semanas hemos presenciado probablemente uno de los periodos más violentos en el marco de denominado conflicto mapuche. Los preocupantes hechos  de tipo reivindicativo ocurridos en la ciudad de Cañete –en el marco de una manifestación no autorizada que terminó con graves incidentes - y los más de trece hechos violentos –que incluyen manifestaciones, robos y quemas- en lo que va el mes de noviembre, parecen no despertar el interés del Gobierno, el cual sigue sin poder proporcionar un mínimo de seguridad a los habitantes de la zona.

La sensación de abandono y desprotección por parte de las víctimas se profundiza con el paso del tiempo, al observar cómo grupos minoritarios extremistas continúan utilizando la violencia como herramienta política, actuando en la más pura impunidad. Organizaciones como la CAM y sus brazos armados, los Órganos de Resistencia Territorial (ORT), además de instalar el pánico en los habitantes de la zona, han causado cuantiosos e irreparables daños económicos producto de los innumerables atentados. En este punto no debemos olvidar que La Araucanía, se posiciona como la región más pobre según la última encuesta CASEN.

Por otro lado, cabe señalar que una de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno, con la finalidad de proporcionar soluciones para la actual situación, es la conformación de una mesa de diálogo, Consejo Asesor Presidencial para La Araucanía, presidida por el Obispo de la ciudad de Temuco, monseñor Héctor Vargas. Ésta tiene la misión de abordar todas las dimensiones del conflicto a modo de poder generar propuestas no vinculantes, para el mes de enero. Sin embargo, ha sido fuertemente cuestionada por las diferentes agrupaciones de víctimas, al no ser considerados dentro de sus 21 miembros. Paralelamente, se conformó una Comisión Investigadora de Actos de Gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía. Una de las principales conclusiones a la que llegaron los parlamentarios, es el diagnóstico de una institucionalidad vigente en la materia que “ha cedido a la violencia y al activismo político, y por ende proponen la reformulación de ésta". A pesar de ello, no se observan los ánimos en el Gobierno por llevar a cabo medidas que efectivamente logren poner término a la escalada de violencia.

Es de esperar que Estado no tarde mucho más tiempo en reconocer su responsabilidad en el conflicto, ya que hasta la fecha su aparente letargo, sólo ha logrado generar más violencia, evolucionando en un conflicto que está fuera de control.

Columna de Yasmin Zaror, investigadora del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo.-