La protección de los derechos de propiedad está estrecha y positivamente relacionada con el progreso socioeconómico. Cuando los derechos de propiedad están claramente definidos y bien protegidos, las personas tienen la libertad de usar, gozar y disponer de sus bienes, con los beneficios y costos que ello conlleva. La certeza jurídica sobre la propiedad privada genera los necesarios incentivos para trabajar, ahorrar, invertir y tomar riesgos, puesto que las ganancias que resultan de esas actividades son apropiables. Esto genera una asignación eficiente de recursos, lo que se traduce en un mayor crecimiento económico y, por ende, en una mejor calidad de vida.
La experiencia internacional evidencia la importancia que tienen los derechos de propiedad en el desarrollo. Países vecinos (Colombia y Venezuela) o incluso de origen común (Corea del Norte y Sur) dan cuenta de cómo repercute la institucionalidad -particularmente la defensa de la propiedad privada- sobre el desempeño económico. Abundan además los estudios empíricos que revelan diferencias abismantes en términos de PIB per cápita entre países que han protegido decididamente los derechos de propiedad y los que no.
Chile lo entendió tempranamente, lo que ha sido reconocido en los rankings internacionales. El reciente Informe de Competitividad del World Economic Forum situó al país en el lugar N° 33 entre 138 países en materia de protección de derechos de propiedad. Lo anterior debiera darnos motivos de celebración... si no fuera porque en el último tiempo las cosas parecen ir inexplicablemente en la dirección equivocada.
Difícil no recordar la afirmación que hiciera la Ministra Rincón hace dos años respecto a que la Constitución "le dio una preeminencia exagerada al derecho de propiedad". Y el tiempo ha demostrado que no estaba sola en esa errada postura.
Algunos ejemplos. La prohibición del reemplazo en huelga aprobada con la reforma laboral significa que el empleador eventualmente no podrá usar y gozar de los bienes de su propiedad, arriesgando el capital invertido. Los derechos de aprovechamiento de agua están siendo revisados en la reforma al Código de Aguas, lo que buscaría modificar la esencia del derecho de propiedad (temporalidad y disposición), en tanto que la moción parlamentaria de reforma constitucional propone cambios aún más radicales, que incluso podrían derivar en expropiaciones sin derecho a indemnización. Los derechos de pesca también están en la mira pese a haberse aprobado hace pocos años y con amplia mayoría parlamentaria la ley que consagra las licencias transables. Resulta difícil de entender que se ponga en riesgo aquello que ha probado ser bueno para Chile y el mundo. Peor aún, esta tendencia se podría agravar con el Proceso Constituyente. El respeto del derecho de propiedad, pilar fundamental de la libertad, es condición necesaria e irremplazable para el progreso, lo que debiera alertamos para evitar mayores retrocesos. No quisiéramos terminar trasformados en el ejemplo de lo que no hay que hacer
Columna de Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas, en Diario Financiero.-
