La mesa del Sector público ha solicitado, además de otras cosas, un reajuste del 7,5% nominal a los sueldos de los funcionarios públicos. Tomando en cuenta la inflación promedio de 3,2% anual estimada en el IPoM de septiembre para el próximo año,  en términos reales se estaría pidiendo un reajuste del 4,3%, muy por sobre el crecimiento esperado para nuestra economía, que para este año, según el último IPoM estaría entre 1,5 y 2% y para el 2017 entre 1,75 y 2,75%.

En cuanto al costo de un reajuste de la magnitud propuesta (7,5%), este significaría para el Fisco USD 111 millones para el año en curso y de USD 1.509 millones para el próximo año. Esto, basándose en la información del último reajuste otorgado. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que este mayor costo es sólo por concepto de reajuste de remuneraciones y subvenciones,  excluyéndose los reajustes que deben hacerse al mismo tiempo en aguinaldos bonos, incrementos de aportes para universidades, bonificaciones y otras partidas, que, de incluirse, casi duplican el costo anterior. Es decir, estamos hablando de un costo del orden de USD 3.200 millones.

Para poner en contexto este valor, en términos de mayores pensiones, el costo anual del incremento en un 40% del Pilar Básico es de US$896MM, es decir, con un cuarto del reajuste que piden los funcionarios públicos se podría financiar sin una mayor carga impositiva, un aumento importante de las pensiones del 60% más pobre de Chile.

Dada la contingencia nacional, y la mayor cantidad de recursos del Gobierno comprometidos a futuro, a raíz de las Reformas, sería difícil justificar un incremento salarial mayor a la inflación anual promedio esperada para el próximo período, de 3,2%. Lo anterior, tomando en cuenta un mercado laboral comprimido, que ha perdido empleo asalariado en el último tiempo, dando así una señal al sector privado para futuros ajustes.