La semana pasada, parlamentarios oficialistas declararon su intención de estatizar Inacap. A algunos los sorprendió la idea, pues no se trata de una institución que necesite ser 'rescatada' (y menos por el Estado). Al contrario, entre el CFT y el IP, Inacap atiende a más de 85 mil alumnos desde Arica a Punta Arenas, y su excelente calidad es avalada por seis años de acreditación (más que catorce de las 16 universidades estatales).

Ahora bien, si miramos el contexto de la discusión en que se enmarcan estos dichos, no deberían sorprendernos tanto. Pues las iniciativas que el Gobierno ha impulsado en materia educacional tienen en común la desconfianza hacia la sociedad civil -a la que se restringe cada vez más su espacio de decisión- y la entrega de más poder al Estado para que actúe en su nombre. El proyecto de reforma a la educación superior es un claro ejemplo de ello: este instaura en forma (muy) gradual un monopolio estatal para el financiamiento de la educación y crea todo un aparataje para delegar en autoridades del gobierno de turno una serie de funciones que en realidad les corresponden a las propias instituciones (definir sus vacantes, sus aranceles, sus mecanismos de admisión, apertura de sedes y programas, la pertinencia de sus carreras, etcétera). Asimismo, cuando frente al proyecto que presentó el Ejecutivo, los mismos partidarios de la gratuidad se dan cuenta de que esta requiere de cuantiosos recursos, y proponen que se financie con un nuevo impuesto a los graduados, vemos que el patrón se repite. ¿Por qué un impuesto?

Porque si bien es similar a un crédito contingente al ingreso -que sí se aplica en otros países con buenos resultados-, el impuesto tiene una diferencia clave que lo hace compatible con el propósito de fondo: entrega al Estado el poder y la discrecionalidad para decidir de qué forma distribuir los recursos recaudados entre las distintas instituciones. Ideas como estas -estatizar Inacap o financiar la gratuidad con un impuesto a los graduados- no suelen tomarse muy en serio, y con razón. Sin embargo, deben ayudarnos a distinguir los verdaderos fines que se esconden detrás de las reformas impulsadas en el último tiempo, para así tratar de frenarlas antes de que sea muy tarde.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en Pulso.-