El porqué de la autonomía en educación superior

María Paz ArzolaA propósito de la destitución de la rectora de la futura Universidad de Aysén, tomó fuerza en la discusión pública la defensa de la autonomía universitaria. Aunque en este caso el concepto no aplica con claridad –pues en rigor ésta no es todavía una universidad, sino un proyecto de serlo; no tiene siquiera estatutos, alumnos, docentes, clases, ni la facultad para entregar títulos- la contingencia invita a reafirmar la importancia de la autonomía y nos da la oportunidad de manifestar nuestra preocupación por cómo ésta se verá amenazada con el proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior que se discute en el Congreso.

Primero, sin autonomía no hay diversidad. El que cada institución pueda llevar a cabo un proyecto educativo propio es requisito esencial para la construcción de un sistema de educación superior diverso, que ofrezca alternativas acordes a las demandas de una población heterogénea. Por el contrario, el entregar al Estado la definición de parámetros cruciales para la formación de los profesionales del futuro atenta contra la eficacia a la hora de adaptarse a los tiempos y a las necesidades del entorno.

Segundo, la diversidad es clave para la construcción de un sistema de educación superior inclusivo. El caso de Chile así lo muestra: gracias a nuestro sistema mixto y diverso, la matrícula total casi se ha quintuplicado desde el año 1990 (desde 245 mil a 1,2 millones de alumnos) y la composición socioeconómica de los estudiantes se ha vuelto cada vez más balanceada. Mientras en 1990 apenas 6% de los alumnos en educación superior provenía del primer quintil de ingresos y 11% del segundo; en 2013, la participación de éstos creció hasta alcanzar el 15% y el 20% de la matrícula total, respectivamente. Todo esto de la mano de una rentabilidad de la educación superior y de una tasa de graduación superiores al promedio de la OCDE y de un mejoramiento sostenido en los indicadores de acreditación de calidad (hoy 92% de los estudiantes asiste a instituciones acreditadas).

Así, vemos que autonomía, diversidad y masificación de la educación superior están íntimamente  relacionadas. Pero lamentablemente el proyecto de ley que recientemente ingresó el gobierno ignora esta correspondencia. Dejando ver una visión excesivamente centralista y basada en la desconfianza, pretende crear una serie de organismos públicos y una extensa nueva regulación y controles para suplantar las decisiones que legítimamente le corresponden a las instituciones de educación superior, entrometiéndose en cada ámbito de su autonomía.

Basta ver las facultades que se delegan en la Subsecretaría, nuevo organismo perteneciente al Ministerio de Educación –cuya máxima autoridad es un cargo eminentemente político, es decir, de confianza del gobierno de turno-. A saber: la definición de la disponibilidad presupuestaria de las distintas instituciones (a través de la fijación de aranceles y la discrecionalidad en la asignación de los aportes basales), de la cantidad de alumnos que podrán matricular (a través de la determinación arbitraria del crecimiento máximo de las vacantes y de la administración de un sistema único de admisión), del perfil profesional que cada carrera deberá formar (a través de la creación de un marco nacional de cualificaciones), e incluso la construcción de los estándares de calidad que guiarán el proceso obligatorio de acreditación.

De esta forma, se restringen los espacios de libertad para la diversificación en la provisión de educación superior y para adaptar la oferta a las necesidades de los jóvenes excluidos y a los desafíos del futuro. Más aún, dado que las atribuciones que se le arrebatan a las instituciones se entregan a su vez a organismos de evidente carácter político, la vulneración de la autonomía vendrá de la mano de un claro riesgo de politización del sistema de educación superior.