Anuncios del Gobierno en pensiones: impuesto al trabajo e incertidumbre en el sistema

Durante esta semana, la presidenta de la República realizó –a través de una cadena nacional- el anuncio de modificaciones al sistema de pensiones, tema que se ha tomado la agenda durante los últimos días.

Si bien se desconocen los detalles de las medidas propuestas, al hacer un análisis preliminar de éstas, se advierte que se introducen cambios significativos que podrían tener efectos no deseados no sólo en nuestro sistema previsional y en los incentivos de los trabajadores a ahorrar, sino que también a nivel macroeconómico.

Dentro de las propuestas del anuncio, destaca la idea de “fortalecer el carácter solidario del sistema”, mediante un incremento de 5 puntos porcentuales de la actual tasa de cotización, pasando de 10 a 15% de la remuneración imponible, de cargo completamente al empleador, que no se destinaría a fortalecer el ahorro de los cotizantes, sino que se reuniría en un fondo solidario. Esto se realizaría en un plazo máximo de 10 años, sin embargo se desconoce la gradualidad y su forma de administración, ambas variables claves para estimar los efectos de dicha medida.

No cabe duda de que el aumento en la cotización corresponde a un impuesto al trabajo, por lo que podría provocar efectos macroeconómicos como un menor nivel de empleo, menores salarios, probablemente algún efecto precio en bienes no transables y pérdida de competitividad en los transables.

Respecto del destino de dichos fondos, el mensaje de la Presidenta fue claro en señalar que una parte (desconocida por ahora) de la nueva cotización financiaría pensiones vigentes, lo que introduce un componente de reparto, imponiendo presiones financieras a generaciones futuras. De la misma forma, esto tendría un efecto macroeconómico no despreciable por cuanto renunciaríamos a una importante fuente de ahorro para financiar inversión. Al disminuir la apropiabilidad del ahorro previsional, esto también tendría efectos sobre los incentivos a cotizar. Al parecer, nada de esto ha sido estimado aún.

Con respecto a las medidas que apuntan a introducir significativos cambios regulatorios a la administración de los fondos de pensiones, se recomienda cautela sobre sus posibles efectos indeseados.

Si bien la Presidenta señaló que “deberemos realizar cambios de parámetros que se usan para estimar las pensiones y asegurar que el sistema no sólo sea justo, sino sustentable”, además de un aumento del tope imponible en 50%, nada se mencionó sobre aumentos en la edad de jubilación, lo cual, dada la evolución de nuestra realidad demográfica (aumento considerable en las expectativas de vida), resultaría relevante considerarlo.

También se planteó que se incorporará gradualmente a los independientes a la obligación a cotizar, decisión que parece más adecuada que aquella (promovida por esta misma administración y aprobada a principios de 2016) de postergar en tres años la obligación a cotizar (completa) de este grupo.

La Presidenta volvió a la idea de la creación de una AFP estatal, sin aún asegurar si este nuevo actor competirá en igualdad de condiciones con el resto de las administradoras. Por último, respecto a la revisión de la legislación que regula los otros sistemas de pensiones que existen en el país para evitar distorsiones, como es el caso de Carabineros, Fuerzas Armadas y Gendarmería, se recomienda realizarla procurando considerar las características específicas de las carreras asociadas a dichas ramas.

En suma, se desconocen varios detalles de las medidas anunciadas, además de los efectos específicos que éstas podrían traer a nivel macroeconómico, en el sistema de pensiones y en el mercado laboral. Por ahora, sólo podemos anticipar que probablemente traerán efectos no deseados que podrían terminar resultando perjudiciales.