Bastaron cien mil manifestantes en las calles -algo así como 1% de los afiliados de las AFP- para el lanzamiento de una nueva campaña populista: acabar con el actual sistema previsional y reemplazarlo por uno de reparto, semejante al que imperó antes en Chile. La retroexcavadora no descansa y esta vez podría ir contra uno de los pilares estructurales de nuestro modelo de desarrollo.

Podría haberse esperado que el escandaloso "jubilazo" de Gendarmería -ejemplo de las injusticias habituales en un régimen de reparto- hubiese confirmado la superioridad del sistema de capitalización individual. De hecho, en la marcha aludida se vocearon consignas contra el flagrante abuso. Pero no ha ocurrido así: ideólogos y políticos de izquierda parecen haber visto en este episodio una demostración del vasto y fértil campo para la repartición de favores que les abriría la reestatización de la previsión.

La aritmética previsional es ingrata. Quien quiera mantener durante 20 o más años de retiro un nivel de vida semejante al de su vida activa no puede pensar en ahorrar solo el 10% de su sueldo. Nuestro sistema exige dicha cotización como mínimo, pero no es suficiente y debería ser complementada con ahorros voluntarios o una jubilación más tardía que la edad mínima legal. También ayudaría que la rentabilidad redituada fuese más alta, aunque el 4% real anual obtenido por los fondos desde 2010 no está nada de mal. En lugar de abogar por el fin de las AFP, los críticos del sistema deberían promover reformas que eleven los ahorros voluntarios u obligatorios, que incrementen la competencia entre las administradoras de los fondos y que expandan las opciones de inversión rentable y diversificada.

En cambio, la experiencia enseña que los sistemas de reparto -en los que la jubilación se financia con la contribución obligatoria de los trabajadores activos- pagaron buenas pensiones, sin excesivas tasas de cotización, solo mientras la población adscrita creció rápido. Pero ya no. Frenada la expansión demográfica en Europa -y en Chile sería semejante-, para pagar pensiones cercanas al 60% de las últimas rentas no ha quedado sino elevar las cotizaciones al 25% del sueldo, retardar la edad de retiro o apuntalar las pensiones con onerosos aportes fiscales. Por eso es demagogia pura y dura sostener que para mejorar nuestras pensiones, debamos regresar al anacrónico sistema de reparto.

Claro que los US$ 160.000 millones que administran las AFP, a ojos de los demagogos, pueden parecer un botín irresistible, que podría financiar un jubilazo masivo y mucho más. Pero, además del descalabro económico que ello ocasionaría, requeriría previamente expropiar los ahorros depositados en las AFP por diez millones de afiliados en sus cuentas individuales. Sembrar ese temor no solo es pésima receta económica, sino también política: hay diez millones de votantes para decir que no. Ojalá alguien tome nota de ello.

Columna de Juan Andrés Fontaine, Consejero de Libertad y Desarrollo, en El Mercurio.-