Columna de Sebastián Soto en Revista LyD: ¿Vox populi…?

Es sano mirar con cierta desconfianza el proceso de participación que se inicia en materia constitucional. Ello, no sólo porque el Gobierno ha insistido porfiadamente en transformarlo en un proceso “cargado a babor”, donde muchos intuyen que parte importante del resultado ya está escrito. Del proceso también se debe desconfiar por razones más abstractas que nos tienen que llevar a responder esto de si la “voz del pueblo” es realmente la “voz de Dios”. O dicho en términos modernos, si el camino que muestre la etapa de participación ciudadana debe ser o no aquel que luego recorra nuestro país.

Lo primero que debe advertirse es que ni los encuentros locales ni los cabildos pueden arrogarse ninguna representación de una supuesta voluntad general. Ello, por cuanto no se trata de representantes elegidos por la comunidad sino de una participación autoconvocada. Como tal entonces, no hay representación alguna que permita atribuir valor general a acuerdos en los que han concurrido sólo partes.

No pasa lo mismo cuando la decisión es de órganos representativos, como las legislaturas.S Soto Pulso En la democracia representativa los acuerdos alcanzados en éstas pueden ser calificados como acuerdos mayoritarios que, por lo mismo, deben ser obedecidos por todos. Esto, por cuanto hubo un procedimiento libre, en igualdad de condiciones y universal (elecciones) y un procedimiento transparente y específico en el que intervinieron los representantes elegidos (proceso legislativo). De la coordinación de ambos se obtiene un mandato (ley) que por su contenido y por su forma tienen cierta legitimidad que lleva a que sea obedecida por todos.

Nada de eso ocurre con los acuerdos que puedan alcanzarse en algún cabildo. Ni siquiera con los contenidos que se incorporarán en el documento que resuma el proceso. Ello, no sólo por una cuestión cuantitativa sino que también por aspectos cualitativos.

Lo cuantitativo es importante. Algunos han pronosticado una participación inferior al 1% del padrón electoral lo que reduce considerablemente el valor de las conclusiones. Pero tal vez más importante, es lo cualitativo. Es decir, sin importar cuántos participan, hay diversas razones para mirar con escepticismo este mecanismo.

La primera es por la improbabilidad que la instancia de participación sea un reflejo sincero de la realidad. A diferencia de las elecciones, donde todos los interesados pueden votar en igualdad de condiciones, en este proceso la autoconvocatoria desformaliza el proceso y favorece excesivamente a quienes tienen un interés más intenso en el resultado. Dicho de otra forma, quienes participen en estos cabildos lo hacen porque ven que hay algo en juego que es lo suficientemente relevante. Veámoslo con un ejemplo. En un proceso de participación local –v.gr. cuando se consulta si construir tal central de energía- el interés es claramente identificable. Pero cuando se consulta por la “Constitución”, éste se difumina y se deja de asociar con un efecto concreto. En ese caso, el interés es mucho más abstracto o “ideológico”, lo que llevará entonces a participar sólo a aquellos que ven en esa abstracción o ideología una cuestión lo suficientemente importante como para intervenir. Ellos, muy posiblemente, reflejen mejor la opinión de los “intensos” que la opinión común.

Pero hay un segundo argumento que debiera llevar a matizar los resultados del proceso. Y éste se funda en el ideal democrático: ¿cuál es el ideal democrático? ¿La democracia directa o la democracia representativa? Una respuesta rápida nos haría recordar la vieja Atenas y soñar con una democracia en la que todos juntos tomamos cada una de las decisiones que guían nuestro futuro. Pero acto seguido, y como ya muchos teóricos de la política lo han desarrollado, el mundo real se nos viene encima. Y no sólo por una cuestión de imposibilidad fáctica. Creo que incluso pudiendo hacerlo (¿quién sabe cuántas cosas podrán consultarnos en algunas décadas y obtener “respuestas” en el lapso de horas?), la democracia representativa es el ideal democrático pues despersonaliza la decisión: la aleja del interés específico y la acerca al ideal general. O dicho en otras palabras, acerca la deliberación a momentos de reflexión imparciales extendidos en el tiempo, y la aleja de la decisión inmediata; acerca la deliberación a la ponderación de diversas opciones, y la aleja de las soluciones binarias y del “todo o nada”; acerca la deliberación a la paz de la reflexión y la persuasión, y la aleja de la presión del tumulto. Es por eso que, en abstracto, es la democracia representativa el ideal democrático y los mecanismos de participación directa solo momentos específicos para ciertas decisiones relevantes. Y esto corre no solo para Chile, sino que para Reino Unido, Escocia, California y tantos otros que suelen usar este tipo de mecanismos.

Todo lo dicho puede sonar demasiado teórico. Pero no está de más recordarlo ahora que empezaremos a escuchar eso de que desconocer los eventuales acuerdos en los cabildos es no ser demócrata.

Columna de Sebastián Soto, Director del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo, en Revista LyD.-

Revista LyD mayo 2016