En relación a la presentación del proyecto de ley que busca declarar como de interés público la explotación, industrialización y comercialización del litio, así como a la Sociedad Química y Minera de Chile Sociedad Anónima, es necesario formular algunos comentarios.

La iniciativa en los términos planteados por los autores, no busca directamente decretar la expropiación de una determinada empresa, sino establecer un requisito necesario para ello, según lo señala la Constitución, ya que únicamente por causas de utilidad pública o de interés nacional, puede realizarse una expropiación. Dicho acto expropiatorio requiere de una ley general o especial, y siempre procederá una indemnización por el daño patrimonial que ésta provoque. Es importante señalar que la causal de utilidad pública o interés general debe ser calificada por el Congreso, y según los autores del proyecto, para este caso, dicha declaración buscaría “fijar expresamente un mandato normativo de mayor amplitud que oriente la política del Estado en función del resguardo del patrimonio de todos los chilenos…”

"En este caso, para proceder a la expropiación propiamente tal, se requeriría una ley posterior que así lo determine, teniendo como base la eventual declaración de interés público que establecería el proyecto recientemente presentado", explica Francisco López, Coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.

En el marco de un proceso constituyente llevado a cabo por el Gobierno, no es trivial que siete parlamentarios que forman parte de la coalición de gobierno presenten una iniciativa de esta índole, la cual entrega una mirada reduccionista del derecho de propiedad en lo que respecta a los recursos naturales y las empresas vinculadas a su explotación, declarando que es el Estado a quien le corresponde realizar este tipo de actividades, y no a los privados, debido al carácter nacional que tendrían los recursos naturales. Lo anterior da luces respecto de algunos de los fines buscados por los principales impulsores de una nueva Constitución.

"Una proposición de esta índole, no hace más que agregar dudas a potenciales inversionistas y reafirmar algunas de las causas que provocaron la disminución de la actividad económica en el país, y el aumento en las cifras de desempleo, más aún cuando en el caso de los inversionistas extranjeros existe una amplia institucionalidad que, en este caso, estaría siendo vulnerada. Nada obsta a que otras aéreas económicas similares puedan correr la misma suerte, con proyectos del mismo tipo", señala López.

Si lo buscado por los autores es establecer sanciones por las actuaciones irregulares en que habrían incurrido ejecutivos de una empresa, lo que procede es aplicar la institucionalidad vigente y esperar que los tribunales de justicia constaten dichas actuaciones contrarias a la ley y establezcan las sanciones que correspondan. Esta es la manera en que en un Estado de Derecho se establecen las responsabilidades y sanciones.

"Por último, cabe señalar que la propuesta carece de sustento técnico, y al igual que el proyecto de ley presentado hace unos meses por parte de los mismos autores y que buscaba declarar la nulidad de la ley de pesca, parece ser una ofensiva política o ideológica, más que una real propuesta para explotar de mejor manera los recursos naturales del país", asegura el abogado.