Las faltas a las disposiciones legales podrían implicar fuertes sanciones a los jefes de servicios. Los incumplimientos a la ley se concentran en los Ministerios de Salud, Interior, Desarrollo Social, Vivienda y Educación.
La Ley de Presupuestos para el año 2016, contempla sanciones para los jefes superiores de los órganos del Estado, que no cumplan con las obligaciones de entrega de información y transparencia que la propia ley establece.
Dichas sanciones son nuevas, y fueron incorporadas por los parlamentarios Melero, Kort, de Mussy y Santana, a raíz del reiterado incumplimiento de las obligaciones de envío de información establecidas por las leyes de presupuestos. La sanción contempla que el jefe superior del respectivo servicio, podrá ser sancionado por la Contraloría General de la República con una multa equivalente a una remuneración mensual, previo procedimiento administrativo que corresponda. Al mismo tiempo se señala que en caso de reincidencia la sanción será del doble de la ya señalada.
Cristina Torres, abogada del Programa Legislativo de LyD señala, que si bien el Gobierno a través de una indicación en el Senado intentó eliminar está sanción, el establecimiento de dicho artículo obtuvo un respaldo transversal. Es importante destacar que hasta el año 2015, el incumplimiento del envío de información, pese a ser una obligación legal, no tenía sanción.
Dada la falta de iniciativa de los parlamentarios en materia presupuestaria, y en general, de todas aquellas que impliquen gasto público, las solicitudes de información son una de las formas más comunes con las que los parlamentarios pueden incidir en la ley de presupuestos, al mismo tiempo de generar una mayor transparencia en el uso de los recursos público.
Es por ello, que cada año durante la discusión de la Ley de Presupuestos, se mejoran los estándares de información consagrados como obligación legal a través de glosas, las que son utilizadas como suministro para la evaluación y monitoreo de la ejecución de recursos públicos. “Sin embargo, éstas en muchas ocasiones son incumplidas, lo que hasta el año 2015 no tenía mayores consecuencias, razón por la cual, durante la última tramitación de la Ley de Presupuestos que rige para el presente año, se incorporó vía Indicación de los parlamentarios un nuevo Artículo, que impone sanciones ante el incumplimiento de los deberes de información contenidos en esta ley”, añade la investigadora.
Según lo señalado por la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado en su informe de abril de 2016, existen más de 60 incumplimientos de estas obligaciones legales de transparencias. Dichos incumplimientos se reparten entre diversos ministerios y servicios, sin embargo el Ministerio de Salud es quien lleva la delantera en materia de incumplimientos a la ley con 27 obligaciones incumplidas, seguido por el Ministerio del Interior con 10.
Dentro de los incumplimientos más graves destacan la obligación del Ministerio de Vivienda de informar el plan para dar soluciones a las personas que viven en campamentos, y los subsidios habitacionales contemplados en el plan de inversiones 2016. Por su parte, el Ministerio de Justicia, a través de Gendarmería no ha cumplido con su obligación legal de enviar un informe con los objetivos, características y potenciales beneficiarios del programa de rehabilitación y reinserción social, esto torna mayor relevancia dado los últimos beneficios otorgados a personas privadas de libertad a lo largo del país. En Salud, los incumplimientos más graves son la falta de envío de información sobre la situación financiera y asistencial de los hospitales, las listas de espera GES y no GES, ejecución del bono Auge y ejecución del programa de inmunizaciones del ministerio.
Por último, y pese a lo sensible del tema, destaca el incumplimiento de la que fue denominada como “glosa Caval”, y que obligaba al envío de los protocolos internos de respaldo de los computadores en los Ministerios del Interior y Segegob.
Cabe destacar que varios de estos incumplimientos, se presentan en glosas que fueron incorporadas en la última discusión legislativa de la Ley de Presupuestos, pues obedecen a preocupaciones particulares sobre la ejecución de ciertos programas. Al efecto, se puede destacar, el caso del Programa Ético Familiar y Sistema Chile Solidario, uno de los programas claves en materia de políticas sociales y cuyo objetivo principal es terminar con la extrema pobreza de forma definitiva en Chile. “Durante el trámite legislativo, y a propósito de la reducción de los recursos que fueron fundamentados productos de cambios en el programa, se incorporó una nueva Glosa que impone la obligación de informar al 31 de marzo del presente, modificaciones en el enfoque de intervención en el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, de la Ley N° 20.595, que crea el Ingreso Ético Familiar. Dicha información, no ha sido enviada por la Subsecretaría de Servicios Sociales”, comenta Torres.
Según lo que establece la ley, es de esperar que en los próximos días la Contraloría General de la República tome conocimiento de esta situación y proceda a realizar los procedimientos administrativos que correspondan, y determinar las eventuales sanciones.
