Durante los últimos días hemos recibido noticias sobre el contenido que finalmente traería la reforma al sistema privado de salud. Al parecer habría acuerdo al interior del gobierno que este cambio incluya la creación de un fondo mancomunado entre el sistema público y privado, conformado por 0,4 puntos porcentuales del 7% de los cotizantes de ISAPREs y FONASA (5,7% de la cotización total obligatoria), y que financiaría (aunque no está aún 100% definido) trasplantes, medicamentos, tratamientos de alto costo de patologías AUGE, y en general prestaciones de baja cobertura en los planes tradicionales.
En primer lugar, por muy loable que sea(n) el (los) fin(es) a financiar con este fondo mancomunado, no queda claro si esta es la mejor forma de agregar nuevos beneficios a nuestro sistema de salud. Por ejemplo, no queda claro si la decisión de qué financiar está acompañada de una evaluación (ojalá independiente) sobre cuál(es) es (son) la(s) alternativa(s) de mayor rentabilidad social. Adicionalmente, ¿por qué buscar un nuevo instrumento para financiar tratamientos de alto costo si recientemente aprobamos una ley para abordar este problema (Ricarte Soto)? O ¿por qué en vez de crear un nuevo fondo no se amplían las patologías AUGE? Asimismo, ¿por qué financiar este selecto grupo de prestaciones con un impuesto al trabajo formal (parte de la cotización de salud) en vez de con nuestros (por estos días escasos) recursos generales de la nación? ¿Se evaluó el impacto que esto podría tener en el (crecientemente desmejorado) empleo?
Por su parte, la idea de destinar una porción de la cotización a un fin distinto que no sea financiar el plan de salud, puede generar consecuencias negativas, tanto para los afiliados a ISAPREs como a FONASA. Por el lado de los beneficiarios de ISAPREs, extraer parte de su cotización les implicaría contar con menos recursos para su plan, por lo que probablemente deberán meterse la mano al bolsillo para, al menos, mantener su situación actual. Esta no parece ser una buena idea cuando consideramos que, según CASEN 2013, cerca de 660 mil beneficiarios de ISAPREs pertenecen a los tres primeros quintiles de ingresos y menos si a eso le agregamos un desempleo al alza como el que comienza a asomarse por estos días.
Quizás muchos de los que se vean imposibilitados de mantener sus beneficios en el sistema de ISAPREs se verán obligados a cambiarse al ya colapsado sistema público (con los perjuicios que esto podría traer a quienes se atienden en él), y no queda claro si se estimó el impacto fiscal de este posible efecto de la propuesta. Y si de impacto fiscal se trata, no podemos dejar de mencionar que esta medida implica un mayor gasto estatal de al menos cerca de US$ 155 millones (5,7% de los ingresos de cotizaciones de salud de los afiliados a FONASA en 2015), para seguir financiando las prestaciones contempladas en el plan de salud público vigente. Todo esto porque en caso de crearse el fondo mancomunado, los afiliados a FONASA seguirán cotizando por su 7% y exigiendo los mismos beneficios, sin importar para qué sean destinados los recursos. ¿Está el Fisco en condiciones de satisfacer estos nuevos requerimientos?
Por último, no olvidemos que la idea de crear un fondo mancomunado ya había sido planteada en la propuesta de mayoría de la Comisión de Salud convocada en 2014 por la Presidenta, con el supuesto objetivo de introducir “solidaridad” al sistema. De hecho, esta idea fue considerada en dicha instancia como un primer paso para avanzar en el largo plazo hacia un “fondo único en salud”, lo que equivale a que toda la cotización de los afiliados a ISAPREs y FONASA vaya a un mismo fondo y sea administrada por el sector público.
Si pensamos que el objetivo final del fondo mancomunado es avanzar hacia un fondo único de salud, nuestros estimaciones previas señalan que dicha solución no necesariamente permitiría que los beneficiarios de FONASA reciban más recursos gracias al aporte de quienes cotizan en ISAPREs, puesto que, a diferencia de lo que usualmente se piensa, los ingresos per cápita de los beneficiarios de FONASA disponibles para prestaciones de salud no son significativamente inferiores a los ingresos per cápita que tienen los beneficiarios de Isapres[1].
En suma, compartimos la necesidad de una reforma al sistema privado de salud, que permita tanto mejorar la movilidad e información de sus beneficiarios, como generar un mecanismo de reajuste de precios para incorporar de manera objetiva los mayores costos, y terminar así con la creciente judicialización en esta materia. Sin embargo, la idea de un fondo mancomunado poco o nada se relaciona con ello, y más que introducir solidaridad podría generar perjuicios en el sistema de salud que al parecer no han sido contemplados.
Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de LyD, publicada en Voces La Tercera.-
[1] Para más detalles ver https://lyd.org/wp-content/uploads/2016/05/TP-Isapres-vs-FONASA-ac-rcc-LL.pdf
