La reciente y silenciosa aprobaciĆ³n por parte del gobierno y el Consejo Nacional de TelevisiĆ³n (CNTV) de una campaƱa comunicacional con el objeto de promover el proceso constituyente que estĆ” impulsando el gobierno, y que obliga a los canales de televisiĆ³n a transmitir gratuitamente los mensajes que el propio gobierno elabore, es del todo inconveniente y de dudosa legalidad por diversos motivos, entre los cuales destacan los siguientes:
La ley del CNTV aprobada el aƱo 2014, luego de una ardua discusiĆ³n en el Congreso, la cual incluyĆ³ diversos requerimientos al Tribunal Constitucional por parte de los diputados, y un veto Presidencial a la iniciativa inicialmente despachada por los legisladores, incorporĆ³ la posibilidad de dictar normas obligatorias para los canales de televisiĆ³n, entre las que se incluyen las de transmitir obligatoria y gratuitamente campaƱas de utilidad o interĆ©s pĆŗblico. Dicha calificaciĆ³n de interĆ©s pĆŗblico de la campaƱa es establecida por el Ministerio SecretarĆa General de Gobierno (Segegob), y segĆŗn la propia ley son de interĆ©s pĆŗblico aquellas que se emiten con el de objeto de proteger a la poblaciĆ³n y difundir el respeto y promociĆ³n de los derechos de las personas. A la luz de la discusiĆ³n que se dio durante la tramitaciĆ³n de la ley del CNTV, quedĆ³ bastante claro que la calidad de interĆ©s pĆŗblico decĆa relaciĆ³n con aquellas campaƱas que tienen por objeto promover, por ejemplo campaƱas sanitarias, o transmitir informaciĆ³n en Ć©poca de catĆ”strofes, sin embargo lo que se busca con la campaƱa constitucional dista bastante de tales propĆ³sitos, y tal como seƱalĆ³ una Consejera del CNTV pareciera ser la promociĆ³n de una polĆtica de gobierno. Cabe destacar que segĆŗn seƱalĆ³ el Presidente del CNTV, es la quinta vez que el actual gobierno utiliza este mecanismo, los casos anteriores se refirieron a campaƱas relacionadas a cuidados y precauciones del Hanta o promociĆ³n de la Ley Emilia.
La utilizaciĆ³n de la ley del CNTV para transmitir la campaƱa constitucional pareciera tener por objeto obviar la prohibiciĆ³n general de la ley 19.896, la cual establece que el gobierno sĆ³lo puede incurrir en gastos por conceptos de publicidad y difusiĆ³n para el cumplimiento de sus funciones y cuando se tenga por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que se otorgan. Para el caso que no existan prestaciones concretas, sĆ³lo se podrĆ” informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar. Por su parte, la ley de presupuestos seƱala que se entenderĆ” por publicidad y difusiĆ³n, aquellos gastos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contrataciĆ³n; de acceso a beneficios sociales, crĆ©ditos, becas; educaciĆ³n de la poblaciĆ³n para situaciones de emergencia o alarma pĆŗblica y, en general, aquellos que resulten impostergables para la gestiĆ³n eficaz de los organismos. Resulta evidente que la campaƱa constitucional no coincide con ninguno de los criterios recientemente mencionados, por lo que el gobierno no podrĆa incurrir en gastos por estos conceptos, como asĆ tampoco en el docureality que se ha anunciado hace unos dĆas.
La realizaciĆ³n de la campaƱa comunicacional tiene costos que no sĆ³lo se limitan a la transmisiĆ³n del spot, sino tambiĆ©n a la elaboraciĆ³n del plan de medios y de los videos que se transmitirĆ”n. Incurrir en estos gastos implica una infracciĆ³n a las normas de probidad administrativa de la ley 18.575.
En cuanto a la obligaciĆ³n por parte de los canales de televisiĆ³n de transmitir gratuitamente publicidad gubernamental, es una carga que se suma a otras ya impuestas, tal como la obligaciĆ³n de transmitir las franjas en periodo electoral. Pareciera que esta nueva carga vulnera algunas garantĆas constitucionales tales como el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. De hecho, esto mismo fue sostenido en el voto disidente del fallo 2487-13 del Tribunal Constitucional, sobre la franja electoral. En dicha ocasiĆ³n, algunos ministros seƱalaron que se lesiona el derecho de propiedad de los canales de libre recepciĆ³n, no sĆ³lo por la afectaciĆ³n del tiempo de emisiĆ³n que dejan de disponer sin ser indemnizados, sino tambiĆ©n en cuanto se les contrarĆa el derecho que les asiste a los concesionarios de operar autĆ³nomamente las estaciones de las cuales son titulares. Esto conlleva, ademĆ”s, a una vulneraciĆ³n a la autonomĆa editorial que asiste a los medios de comunicaciĆ³n y por consiguiente a la libertad de expresiĆ³n. La vulneraciĆ³n a la igualdad ante la ley se refleja en la carga discriminatoria que sĆ³lo les asiste a los canales, pero no a los demĆ”s medios de comunicaciĆ³n.
Distinto serĆa el caso que el Estado quisiese divulgar determinada informaciĆ³n, ajustĆ”ndose a los lĆmites ya mencionados y establecidos en ley 19.896, y adquiera los espacios publicitarios en las parrillas programĆ”ticas, tal como lo realiza periĆ³dicamente para transmitir beneficios o campaƱas en materias como vivienda o salud. Este mecanismo es perfectamente legal y en algunos casos hasta deseable.
Llama poderosamente la aprobaciĆ³n del CNTV, por lo que serĆ” interesante conocer cuĆ”les fueron los criterios que utilizĆ³ el Consejo para validar la calidad de interĆ©s pĆŗblico de esta campaƱa, mĆ”s aĆŗn considerando el rol autĆ³nomo que dicho organismo debe cumplir. SerĆ” del todo interesante conocer los documentos en los cuales se respalda y sustenta esta cuestionable decisiĆ³n.
El lĆmite entre campaƱas de interĆ©s pĆŗblico e interĆ©s polĆtico es complejo, pero es comĆŗn ver cĆ³mo en LatinoamĆ©rica los gobiernos se valen de instrumentos similares al existente en Chile para fines que exceden lo razonable. Un buen ejemplo es Venezuela, cuando en abril de 2012, a 20 dĆas de las elecciones, los canales transmitĆan un acto de Henrique Capriles, pero fue sacado del aire debido a una cadena obligatoria en la cual el ex Presidente Hugo ChĆ”vez inauguraba un colegio como parte del inicio del aƱo escolar. ĀæEs la inauguraciĆ³n de una escuela de interĆ©s pĆŗblico? SegĆŗn ChĆ”vez era de importancia para el paĆs, por lo que debĆa llegar a todos los venezolanos.
Columna de Francisco LĆ³pez,Ā Coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en El LĆbero.-Ā
