El proyecto de reforma laboral acaba de ser despachado de la sala del Senado en su segundo trámite constitucional. "Pese a algunos ajustes de último minutos incorporados por el Ejecutivo así como por iniciativa parlamentaria, el proyecto fue aprobado sin grandes cambios en la mayoría de sus ejes", asegura Sergio Morales, abogado del Programa Legislativo de LyD.

Así, las normas sobre titularidad sindical fueron aprobadas sin grandes cambios, con el voto contrario de los parlamentarios de oposición, quienes hicieron la reserva de constitucionalidad respectiva, toda vez que impone una especie de sindicalización forzosa que atenta contra varios derechos fundamentales.

Asimismo, se aprobó la extensión de beneficios, tanto la automática para los nuevos afiliados al sindicato como la pactada para los no afiliados. Sin embargo, sobre este punto se hace presente que un sector mayoritario de la DC manifestó objeciones a dicha fórmula abogando por alternativas de extensión universal a todos los trabajadores, de modo que el sindicato pierda el monopolio en esta materia.

Respecto a la huelga, se aprueban los servicios mínimos y la eliminación del reemplazo en huelga, dejando en claro, tanto senadores de oposición como de la DC que las "adecuaciones necesarias" que permite el proyecto de ley implica que trabajadores puedan cambiar de funciones siempre que estén convenidas en los contratos de trabajo, sin que implique que éstas hayan sido ejecutadas con habitualidad por el trabajador.

Dos cambios sorpresivos dejó esta discusión, uno referente a la reposición de la llamada "huelga pacífica", la cual fue legislada con mayor amplitud, al incorporar una norma que establece que todos los derechos laborales deben ser ejercidos de buena fe y en forma pacífica, lo cual no sólo incluye actos propios de la huelga, sino respecto de toda la relación laboral de empleadores y trabajadores.

El segundo cambio y más comentado es el rechazo a las normas sobre negociación colectiva nivel empresa con sindicatos interempresa de modo obligatorio para el empleador. "Esta norma claramente es un atentado al gran acuerdo pyme suscrito meses atrás y que pone en grave riesgo la subsistencia de empresas de menor tamaño y un claro instrumento para dar paso a negociaciones ramales", indica Morales.

Ahora el proyecto ingresará a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, donde la suerte estaría echada en cuanto a remitir muchos de estos grandes temas a una comisión mixta, de la cual cualquier cosa puede salir, más de lo único que sí podemos estar seguros, implicarán más retrocesos que buenas noticias.