Luego de la pausa de febrero y el frenesí legislativo ocurrido en el Congreso durante el mes de enero, donde fueron aprobados relevantes proyectos de ley, entre los que destacan la simplificación de la reforma tributaria (ley 20.899) y los proyectos de fortalecimiento y transparencia de la democracia y el de partidos políticos, ambos contenidos en la agenda de probidad del gobierno, y que aún no han sido promulgados; en marzo comienza un nuevo año legislativo por lo que es un buen momento de revisar cuales debiesen ser algunas de las principales iniciativas legales en materias económicas que debiesen ser objeto de discusión por parte del Congreso, y eventualmente ser transformados en ley.

En los próximos días debiese ser aprobado el proyecto que modifica la normativa en materia de libre competencia, y que como principales aspectos restablece la sanción penal para los delitos que atenten contra la libre competencia, incrementa considerablemente las multas asociadas a estas conductas y establece de manera obligatoria el control de concentración.

En relación al proyecto que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la discusión debiese continuar por algunas semanas más. Dentro de los aspectos más destacables (no por eso del todo positivos), el proyecto establece que el Servicio Nacional del Consumidor contará con mayores atribuciones para el cumplimiento de sus funciones, dentro de las cuales se incluyen la posibilidad de sancionar y de dictar e interpretar normas. Además, se faculta al SERNAC de atribuciones de carácter intrusivo. De aprobarse la normativa, coexistirían dos procedimientos paralelos, uno que se llevaría frente al propio SERNAC y otro que se tramitará en el juzgado de policía local, con las evidentes complejidades que esto conlleva.

En lo que respecta a materias de energía, la agenda para este año tendrá un especial foco en el proyecto de transmisión eléctrica, el cual es posible esperar que se apruebe prontamente por parte del Congreso, para luego enfocarse en el análisis del mensaje que modifica la Ley del Gas, el cual se encuentra en segundo trámite en el Senado. En esta iniciativa los aspectos más controversiales tienen que ver con el rol del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la aplicación del régimen de fijación tarifaria por el solo ministerio de la ley cuando una empresa exceda la rentabilidad máxima permitida. Cabe destacar que a fines de enero fue ingresado por el ejecutivo el proyecto de ley que establece un nuevo Gobierno Corporativo para ENAP, el cual incluye una autorización para capitalizar la empresa en hasta en US$ 400 millones. Este proyecto debiese comenzar en las próximas semanas su tramitación en la Cámara de Diputados.

El proyecto que busca reemplazar a la Superintendencia de Valores y Seguros por una Comisión de Valores, y que se encuentra en discusión desde julio del año 2013, debiese continuar su tramitación en el Senado a la espera que pueda ser finalmente aprobado por el Congreso durante los próximos meses.

En relación a que nuevas iniciativas que se espera sean ingresadas al Congreso para iniciar su discusión, es posible destacar la reforma a la ley general de bancos, la cual según lo señalado por el propio ministro de Hacienda, debiese mantener el esquema legal actual y sus pilares institucionales, incorporando de manera gradual algunos cambios a la normativa. Para dilucidar en que línea debiesen ir las modificaciones, se debe tener a la vista las conclusiones del informe del grupo de trabajo convocado por el propio ministro, entra las que destacan la propuesta de cambio de gobierno corporativo a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pasando a ser dirigido por un cuerpo colegiado, aumento en los niveles de independencia del órgano fiscalizador, y el cierre de brechas con lo establecido por Basilea.

Del mismo modo, y tal como ha sido anunciado en reiteradas oportunidades, se espera que este año el gobierno presente el proyecto de ley que crea el fondo de infraestructura, y que según se ha informado, estaría constituido por US$ 9.000 millones, los que serían administrados por una empresa pública, y según sus promotores darían mayor estabilidad y continuidad a la inversión pública.

En materias controversiales, es posible avizorar que las modificaciones legales en materia laboral continúen haciendo ruido, no sólo debido la reforma laboral, la cual según ha señalado el gobierno debiese ser despachada durante marzo, sino que por la existencia de una serie de otros proyectos de ley bastante controversiales que continúan a paso firme su tramitación legislativa, entre ellos destacan el proyecto de subcontratación, el proyecto de despido colectivo y el proyecto que establece indemnizaciones para trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio. Si bien no existe claridad respecto al destino que tendrán estas iniciativas, el avance legislativo de estas iniciativas genera más incertidumbre al ya turbulento mercado laboral.

En materia tributaria, habrá que tener especial atención a la implementación de la ley 20.899, pero además al compromiso del Ministerio de Hacienda de dictar, a solicitud de los parlamentarios y amparados en el artículo 64, inciso 5 de la Constitución, un texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes tributarias, con el objeto de ordenar en un solo cuerpo legal algunas de las normas tributarias más relevantes. Cabe destacar que esta facultad del ejecutivo sólo alcanza para modificaciones y adecuaciones formales, y en ningún caso normas de fondo o que modifiquen el sentido o alcance de la norma.

Todo parece indicar que este año será bastante movido en materia de reformas legales, más aún si consideramos los proyectos sectoriales, tales como educación y salud. Es de esperar que el resultado sean leyes de calidad, y que el ímpetu de legislar rápidamente no tenga como resultado normas perjudiciales para el país, o bien que al poco andar deban ser modificadas por otra ley, tal como ocurrió con la Reforma Tributaria de 2014 o la Ley de Presupuestos aprobada en noviembre pasado.

Columna de Francisco López, Coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio Legal.-