18 de febrero de 2016

COLUMNA: REFLEXIONES SOBRE DESIGUALDAD

alejandra candia lydDurante el mes de enero, recibimos en Chile la visita de los epidemiólogos ingleses Richard Wilkinson y Kate Pickett (W&P), conocidos por su investigación sobre la relación entre la desigualdad y una serie de problemas sociales. Sin ser este el espacio para discutir sobre tecnicismos de sus trabajos (los cuales desde el punto de vista metodológico han sido ampliamente criticados[1]), y a pesar de que los autores señalan abiertamente que ellos sólo presentan evidencia pero no lecciones de política pública, su investigación ha causado gran simpatía entre nuestras autoridades. Esto, por cuanto sus publicaciones muestran la existencia de una fuerte relación entre desigualdad y varios indicadores de bienestar social, tales como obesidad, bienestar infantil, delincuencia, confianza e incluso logros educacionales. Esto hace pensar a sus lectores y oyentes que, en simple, nuestra meta principal debiese ser avanzar en la disminución de la desigualdad. No es raro que ante tan atractiva deducción, varios de sus trabajos sean citados en documentos oficiales de nuestro gobierno, aun cuando estos se refieran sólo a países ricos.

La visita de W&P nos motiva a hacernos algunas preguntas relevantes, y probablemente políticamente incorrectas ¿Qué pasaría si siguiéramos al pie de la letra (y a cualquier costo, por ejemplo aumentando impuestos o “quitándole los patines” a la educación particular subvencionada) el objetivo de terminar con la desigualdad que indirectamente proponen W&P en sus hallazgos? ¿Seríamos efectivamente un mejor país?

Una mejora en la desigualdad de ingresos no necesariamente implica un mayor nivel de bienestar. Un ejemplo útil para graficar esto es analizar los índices 10/10 y 20/20, los que suelen usarse como indicadores de la desigualdad de un país. Éstos miden la brecha entre el ingreso del 10% más pobre y 10% más rico de la población, y 20% más pobre versus el 20% más rico de la población, respectivamente. De acuerdo al objetivo que indirectamente nos propondrían W&P, deberíamos buscar formas de minimizar dichos índices (minimizar la desigualdad) de tal modo de mejorar nuestros indicadores de bienestar. El punto es que hay varios caminos para alcanzar dicho objetivo, y no da lo mismo cuál elijamos. Así, por ejemplo, si el ingreso de ambos grupos (ricos y pobres) cae, pero cae en mayor proporción el de los más ricos bajaríamos la desigualdad. Ahora bien, si el ingreso de ambos grupos sube, pero sube más el de los más pobres también bajaríamos la desigualdad. Y si, en el extremo, el ingreso de todos cayera, pero todos ganáramos lo mismo, seríamos un país perfectamente igualitario. Es claro que estos tres escenarios no son igualmente deseables desde el punto de vista de las políticas públicas.

¿Debe ser entonces la reducción de la desigualdad de ingresos un fin en sí mismo? Al menos en países como el nuestro, donde aún existe una tasa de pobreza por ingresos que bordea el 10%, nuestro objetivo debiese más bien centrarse en entregar mejores oportunidades a quienes más lo necesitan, de tal modo que ellos puedan mostrar una mejora constante de su situación. Por ejemplo, durante el período 2009 – 2013, la pobreza se redujo desde 15.1 a 11.7% según cifras estrictamente comparables[2]. Este período estuvo marcado por un importante crecimiento y creación de empleos, generando oportunidades para todos los segmentos de la población, pero sobre todo en los más pobres: las familias del primer quintil aumentaron su ingreso autónomo en 8.8% anual, mientras que las del quintil más rico en 5.9% anual. Por ello, bienvenida la reducción de la desigualdad, siempre y cuando esta caída sea el resultado de procesos virtuosos y de mejores oportunidades para el país como un todo.

[1] “Beware False Prophets” de Peter Saunders es un buen resumen de las principales críticas metodológicas a su libro “The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better”.

[2] De acuerdo a cifras del MDS, en dicho período la tasa de pobreza cayó de 11.4 a 7.8%.

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-