Para la economista y coordinadora de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, Susana Jiménez, es importante que el Caso Supermercados no gatille legislaciones “en caliente”.

¿Qué le parece lo denunciado por la FNE en el Caso Supermercados?

—Es un caso que va a tener que revisarse en el Tribunal y no corresponde hacer un juicio anticipado. A diferencia del caso Tissue donde hubo una autodenuncia, aquí hay una acusación de la Fiscalía que todavía tiene que ser probada.

Pero a la Fiscalía le ha ido bien probando los casos de colusión.

—Le ha ido bien y hay que decir que es en buena parte debido a las mayores atribuciones que tiene, en el sentido de que tiene una capacidad de investigación mayor, pero también a la existencia de la delación compensada. Ha sido un instrumento fundamental y por eso la importancia de no sólo mantener este mecanismo, sino que fortalecerlo.

¿Cree que este caso es diferente en el sentido de que las pruebas no son tan evidentes como en el caso tissue o farmacias donde testigos reconocían la colusión?

—Es muy distinto cuando es una investigación iniciada por la Fiscalía, donde no se cuenta con autodenuncia. Creo que la tesis que levanta la Fiscalia es más difícil de probar. Pero viene una etapa probatoria más adelante donde la Fiscalía entregará pruebas adicionales.

—Efectivamente. En eso ha habido una mejora institucional de la Fiscalía y el Tribunal, una mejora de la capacidad profesional de la Fiscalía. Pero eso también aboga a que se le exija a los requerimientos, procedimientos, sentencias y resoluciones que sean de un estándar elevado. Es muy importante que veamos un profesionalismo cada vez mayor.

¿Ve ese profesionalismo?

—El requerimiento no es suficientemente contundente, pero evidentemente hay pruebas que todavía se van a tener que presentar. Cuando hay una acusación de colusión, más allá de que sea condenable el hecho mismo, hay un proceso de afectación del mercado que debe ser probado, porque eso gatilla las multas y las indemnizaciones. Una de las críticas en el caso pollos fue esa, que fue una batería de pruebas en base a mails y que hacen absolutamente condenable el acto, pero finalmente también hay un rol, y por eso es un Tribunal compuesto por abogados y economistas, de evaluar el real efecto que hubo en los mercados, que haya habido un daño a la competencia.

¿Cómo se puede hacer para que estos casos dejen de ocurrir?

—Chile ha ido mejorando progresivamente sus niveles de competencia. Hay que tener mucho cuidado cuando este tipo de casos gatillan críticas de origen más ideológico hacia el sistema de mercado. Cuando uno tiene un mercado libre estas situaciones ocurren. Lo que hay que hacer es generar la institucionalidad y la regulación necesaria para evitar y prevenir, y si ocurren, detectarlas y sancionarlas severamente. Pero el riesgo es que estas situaciones gatillen legislaciones en caliente.

El ministro Céspedes dijo que querían sacar el proyecto en este mes, ¿le gusta el proyecto?

—Tiene aspectos que son valiosos. Lo que dice relación con mejorar la aplicación de multas, perfeccionar el sistema de control de fusiones, fortalecimiento de la delación compensada, está en la dirección correcta. Pero en los detalles es donde uno puede tener diferencias y particularmente partiendo, porque la premura es mala consejera. Estoy de acuerdo con que las multas deben ser proporcionales al actuar, pero en este proyecto se propone una fórmula, que es un porcentaje de las ventas, copiando la legislación internacional, pero obviando que tiene un tope máximo. Le hacemos un flaco favor a la competencia si a raíz de las multas terminan quebrando las empresas. Si queremos seguir modelos externos hagámoslo, pero en forma completa.

¿Y su posición respecto a la cárcel para la colusión?

—En principio no soy partidaria de la sanción penal. Ahora, dado que en Chile claramente se va a legislar aplicando sanción penal, hay que hacer los procedimientos correctos y proteger la delación compensada que le ha dado fortaleza a la fiscalía.