Factor Pymes: La otra cara de la moneda

Las Pymes se han convertido en la niña bonita que todos quieren cortejar. Desde todas las tendencias políticas se aboga por un trato diferenciado para ellas, en el entendido que las regulaciones y, especialmente, las sanciones les resultarían muy gravosas.

Es así como la reforma tributaria admite la posibilidad de pago en base caja (14ter) y menores tasas para quienes se acojan al sistema de renta atribuida. La ley laboral, en tanto, exige sala cuna solo a quienes tengan 20 o más trabajadoras y se tramitan actualmente otras medidas diferenciadoras en materias como constitución de sindicatos o restricciones a la polifuncionalidad. En el proyecto de ley del SERNAC tampoco han faltado las iniciativas para establecer reglas especiales particularmente en materia sancionatoria que van más allá de reconocer las diferencias de capacidad económica del infractor.

El trato diferenciado es justificable, más que por el tamaño de la empresa, por lo inadecuadas que son muchas de las políticas que se están proponiendo. Cuando se acepta la mala política pública y se establecen excepciones para algunos, se producen distorsiones e incentivos incorrectos.

En primer lugar, se pierde el norte respecto de lo que realmente se busca proteger. ¿Acaso se reduce el daño causado al consumidor cuando la empresa que le vende un producto defectuoso es de menor tamaño? ¿Son distintos los derechos del trabajador cuando se emplea en una empresa grande que en una chica?

El segundo problema se refleja en “la otra cara de la moneda”: aquellas empresas no Pymes sujetas a regulaciones y sanciones más gravosas. Es difícil justificar que lo que causa daño a una empresa pequeña no perjudique a una grande. Peor aún, las empresas de mayor tamaño crecientemente se están viendo enfrentadas a sanciones desproporcionadas que ponen en riesgo su solvencia. ¿Qué motiva a aporrear a un sector que genera el 80% del valor agregado y cerca de la mitad del empleo en el país?

Tercero, hay un claro problema de incentivos cuando se castiga el tamaño de una empresa porque desincentiva su crecimiento. Resulta más conveniente permanecer siendo Pyme que aventurar una ampliación que traiga aparejada regulaciones mucho más estrictas. A nivel individual quizás sea mejor ser cabeza de ratón que cola de león, pero no es para nada claro que eso favorezca al país.

Al legislar al calor de los grandes casos (que no necesariamente representan la regla general) se corre el riesgo de sobre regular, afectando las condiciones necesarias para que el sistema productivo se acomode a un entorno cambiante. La mejor política, sin duda, es la que promueve la competencia, no a través de políticas diferenciadoras, sino con reglas claras y parejas, que no ahoguen los esfuerzos por crecer, innovar y generar más valor y empleo. Para ello hay que avanzar en derribar barreras de entrada y abrir mercados, establecer incentivos correctos, crear mecanismo de evaluación regulatoria, mejorar la capacidad de fiscalización y evitar la aplicación de sanciones desproporcionadas.

Columna de Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-