Esta semana se retomó la discusión del proyecto de ley de Carrera Docente, que entre otras cosas, busca introducir un sistema de inducción y de evaluación ligado a incrementos permanentes de las remuneraciones.

Si bien esta iniciativa constituye un avance en relación a la situación actual, en la que se premia especialmente la antigüedad del profesor (a pesar de que ésta no ha mostrado relacionarse con un mejor desempeño), la evaluación propuesta por este proyecto de ley difícilmente permitirá identificar aquellas conductas que contribuyen con una buena práctica docente, pues excluye totalmente la perspectiva local, y con ello la información sobre la labor diaria del profesor y del avance de sus alumnos. Es un error pretender medir con un único instrumento centralizado a quienes ejercen en contextos sumamente diferentes a lo largo del país. Esta evaluación –que deberán rendir los 200 mil docentes de establecimientos municipales y particulares subvencionados- estará en manos del CPEIP, entidad perteneciente al Ministerio de Educación, que difícilmente tendrá la capacidad de asumir adecuadamente dicho rol.

Si bien las indicaciones recién presentadas por el Ejecutivo no introducen cambios sustantivos que permitan corregir este proyecto, es esperable que las formuladas por los Senadores –quienes se han mostrado más receptivos- busquen incorporar a la evaluación elementos descentralizadores, como la perspectiva del director e indicadores relativos al avance de los estudiantes. De esta forma, podría abrirse un espacio para negociar modificaciones mayores.

En caso contrario, pasaría de ser “el” proyecto llamado a impactar la calidad del sistema escolar, a ser “uno más”. Y los más de US$ 2.500 millones anuales a invertir significarían, en vez de un incentivo para elevar la calidad del sistema y mejorar los aprendizajes de los alumnos, un gasto poco efectivo, en tanto se asignaría en función de indicadores débiles y no para reconocer a aquellos docentes que efectivamente logran producir los cambios necesarios en cada una de las salas de clases del país.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-