Nueva Constitución: Pomada 2016

El gobierno de Michelle Bachelet, pese a todas las chambonadas que comete a la hora de poner en práctica sus reformas, tiene una especial habilidad para poner sus temas en la agenda y convencer a un buen número de chilenos que muchos de sus problemas podrían resolverse si los cambios que propone se ponen en práctica.

Así, el proceso constituyente se inicia con el Consejo Ciudadano de Observadores, un variopinto grupo de personas en que hay algunos conocidos y amigos míos, así es que no puedo ser muy filudo en mis comentarios, que incluye futbolistas, periodistas, escritores, dirigentes gremiales, trabajadores sociales, cantantes y unos pocos abogados constitucionalistas.

El objetivo del gobierno, obviamente, es dar la sensación de que aquí hay un amplio proceso de participación ciudadana, representativo de la población, lo que no es así porque la Presidenta tiene un concepto de pluralismo para la integración de sus consejos que es algo así como dieciséis nuestros, tres de ustedes y dos imparciales pero de los nuestros.

Uno de los integrantes del Consejo, Patricio Zapata, destacado constitucionalista y buen amigo, acaba de publicar un libro sobre la materia que se llama “La Casa de Todos”. En mi caso, con ese Consejo, con buena voluntad podría decir que me gusta una ventana de la casa. Si soy más realista, de la casa apenas me representarán un par de tejas.

No sé cuánto podrá avanzar el proceso, pero lo cierto es que mi pálpito es que buena parte del año 2016 estaremos hablando de la Nueva Constitución. Así, el tema quedará instalado para la próxima campaña presidencial y parlamentaria.

Pese a que una Constitución es algo bastante menos tangible que la gratuidad en Educación, hay en principio una actitud favorable a tener una nueva constitución. Yo no tengo una actitud contraria a revisar la constitución.

Me temo, sin embargo, que la mayoría de nuestros amigos constituyentes no tienen la misma concepción de los valores deseables de una Constitución que tengo yo. Además, desconfío de esta puesta en escena que nos quiere mostrar esto como una nueva panacea.

Las constituciones modernas tienen su origen en intentos por poner límites al poder del soberano. Así nació la Carta Magna en Inglaterra por allá por el año 1.200 y fue dirigida al Rey Juan I, más conocido como Juan sin Tierra. Otro ejemplo notable en ese sentido es la Constitución de los Estados Unidos, elaborada por buena parte de los llamados Padres Fundadores de ese país, cuya principal preocupación era la libertad y la defensa de los ciudadanos frente al poder.

Cuando uno escucha el entusiasmo con que algunos defienden los llamados “derechos sociales” y afirman que deben estar sí o sí en nuestra constitución, pasa a preocuparse porque esos derechos, para poder ejercerse, necesitan recursos. Esos recursos habitualmente son de personas distintas a los que están reclamando, con lo que la política se transforma en un ejercicio de exacción.

La felicidad de estos estados con derechos sociales, no obstante, tiene un límite. Como decía Margaret Thatcher: “el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás.”

Muchos de los críticos de la actual Constitución enfatizan que no es legítimo que ésta contenga en su concepción conceptos como el Estado Subsidiario, pues éste corresponde a una particular concepción de la sociedad, que no es compartido por todos.

Sin embargo se les olvida ese argumento a la hora de proponer derechos sociales. Una Constitución con derechos sociales no es una casa de todos.

Y no es solamente porque yo sea menos generoso que otros (con la plata de los demás en todo caso) sino porque obviamente una Constitución no crea riqueza para repartir, aunque sí podría ser importante para generar las condiciones para que en el país se cree más riqueza.

No parece ser esto lo que desvela a los entusiastas de la Nueva Constitución. Parece más bien que ellos están pensando en una gran repartija.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-