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Gratuidad: Recuperemos la cordura

Voces La Tercera

Recientemente se conoció la decisión del Tribunal Constitucional de objetar parte de los requisitos impuestos en la Ley de Presupuestos para la implementación de la gratuidad en educación superior el año 2016. Éste se fundó en la arbitrariedad de los criterios para la elegibilidad de estudiantes de similar necesidad económica, a cuyas instituciones se les exigían requisitos dispares e injustos para poder incorporarse al beneficio. El Gobierno no tuvo la valentía de realizar en su momento una discriminación basada en argumentos objetivos y equitativos, en tanto esto significaba dejar fuera a universidades estatales o favorecer a un número de alumnos que consideraba insuficiente.

Pero hoy, es claro que los recursos ya aprobados no alcanzan para ampliar el universo de beneficiarios, y que el Gobierno deberá hacer lo que no hizo durante la Ley de Presupuestos: buscar la forma de acotar en forma justa y objetiva el número de estudiantes e instituciones favorecidos.

Para reasignar los mismos recursos, hay a grandes rasgos dos alternativas: aumentar las exigencias para todas las instituciones, de tal forma de incorporar a un menor número de ellas (y bajo el riesgo de dejar fuera a instituciones estatales que hasta ahora han sido intocables), o bien reducir el universo socioeconómico de los estudiantes beneficiados, incorporando a un grupo menor que los 5 primeros deciles inicialmente contemplados. En cualquier caso, se deberá excluir a grupos que ya se sentían partícipes de la iniciativa, con el consiguiente costo político que esto supone. Un Gobierno que desde la campaña nos trató de hacer creer en la magia de lo gratuito y en la inexistencia de las restricciones presupuestarias, hoy está obligado a salir de su fantasía y ajustarse a lo que la realidad admite.

En cuanto a la decisión del Tribunal Constitucional –cuyo detalle no se conoce aún-, ésta puede considerarse positiva para el país, en la medida que impedirá que alumnos con igual situación de vulnerabilidad sean tratados de forma distinta. Sin embargo, hay que decir que es también insuficiente para quienes consideramos que los recursos públicos deben focalizarse en los alumnos más vulnerables, pues en tanto no serán destinados a los niveles educativos previos –a los que sí acceden los sectores más desaventajados del país-, no tenemos certeza de que esto se cumplirá.

En ese contexto, resultan incomprensibles las críticas a que el mayor gasto ya aprobado sea entregado por la vía de mayores becas a los alumnos más pobres del país, pues “esto no es gratuidad”. ¿En qué momento nuestro país perdió la sensatez? ¿En qué momento nos volvimos tan malagradecidos, al punto de considerar que las ayudas que entrega la sociedad a través del Estado no sirven en tanto no cubran el 100% de las necesidades del 100% de las personas? ¿Desde cuándo una beca para ayudar, aunque sea parcialmente a quien lo necesita, es algo de lo que debiéramos avergonzarnos?

Afortunadamente todavía estamos a tiempo de recuperar la cordura y de recordar cuál es la realidad de nuestro país y de nuestro sistema educativo. El salto para acercarnos a los países exitosos no se logrará de la noche a la mañana por aumentar el gasto público en educación superior, despreocupando los niveles a los cuales sí acceden los más desaventajados. ¿Cómo le vamos a explicar a esos 7 de cada 10 jóvenes del 20% más pobre del país que no logran llegar a la educación superior, que el mayor gasto público no irá en beneficio de su educación y de sus oportunidades, sino de los privilegiados que sí llegan a las universidades selectivas?

Es poco probable –al menos mientras no se resuelvan los problemas de la educación escolar- que la gratuidad de los aranceles tal como se ha planteado, mejore el acceso de los sectores más postergados a la educación superior. En cambio, puede que los cientos de millones de pesos que se pretenden destinar a esta iniciativa cada año, terminen siendo un desperdicio del que nos arrepentiremos en el futuro. La discusión actual no ayuda a resolver los verdaderos problemas de nuestro sistema educativo y de los estudiantes más desaventajados.
Por favor, recuperemos la cordura.

 

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-

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