La frenética carrera del gobierno de Michelle Bachelet por cumplir su promesa electoral de gratuidad en la educación superior continuó esta semana con la presentación y tramitación en tiempo récord de una nueva “Ley corta” que, previa enmienda ya que para variar contenía un “mote”, se constituye finalmente junto a la glosa presupuestaria, en aquella parte no objetada por el Tribunal Constitucional, en la oferta de gratuidad para el año 2016.

Está por verse cuál será el balance de la ciudadanía luego del azaroso camino de la gratuidad. Presumo, no obstante, que una de las principales cartas que tenía la Presidenta para intentar recuperar la popularidad perdida en estos dos años no fue jugada con acierto ni oportunidad.

La discusión interminable acerca de cuáles serían los estudiantes beneficiados con la gratuidad y cuáles no, deja un sabor a descontento, pues siempre será más noticioso el caso de quien no obtuvo el beneficio que el de aquel que sí tuvo acceso a la gratuidad. La gratuidad, al menos en esta etapa de aguda restricción de recursos, puede transformarse en un búmeran si continúa este verdadero desfile de los descontentos, que no fueron invitados o simplemente no pudieron llegar a la fiesta a tiempo.

Si bien la falta de destreza, por no decir chapucería, de los equipos de gobierno para diseñar esta política es en parte responsable de la farra que significa que el gobierno no capitalice políticamente la gratuidad, hay también razones de fondo e inherentes a esta medida que también contribuyen a explicarlo.

La ansiedad por cumplir con los plazos que, sin reflexión ni análisis ponen las máximas autoridades de gobierno, llevó a los equipos del Ministerio de Educación y Segpres a anunciar al menos siete grupos distintos de estudiantes que constituirían el universo de la gratuidad. Esto, para las familias de los potenciales favorecidos, es simplemente una burla. Frente a los beneficiarios de esta política el gobierno de Michelle Bachelet muestra la misma insensibilidad que dejó ver ante los contribuyentes en la reforma tributaria y los apoderados en la llamada ley de inclusión. La falta de capacidad técnica para implementar la reforma no se condice, además, con los 70 asesores contratados sólo para este efecto con un costo mensual de 179 millones de pesos en el Ministerio de Educación.

Pero además, lo ocurrido pone en evidencia uno de los problemas fundamentales de la teoría de los derechos sociales universales: éstos están sujetos a la disponibilidad de recursos. No son, en consecuencia, equiparables a los derechos de primera generación reconocidos mundialmente como el derecho a la vida, a la libre circulación, a la libre expresión, a la propiedad, etc; que deben respetarse en toda circunstancia. Los derechos sociales universales serían derechos, en la medida de lo posible.

Y el tema que ha quedado para la discusión es hasta qué punto el proyecto de ley corta en tramitación en el Congreso supera los problemas de inconstitucionalidad observados por el Tribunal Constitucional. Según el constitucionalista Arturo Fermandois, patrocinante del recurso presentado al tribunal, el nuevo proyecto no lo hace, pues el TC señala que los únicos requisitos válidos para hacer distinciones con las platas de la gratuidad son la vulnerabilidad de los estudiantes y en menor proporción la calidad de las instituciones medidas por un número de acreditación parejo. Luego, al Tribunal Constitucional no le parecen correctos los criterios de pertenencia a universidades del CRUCh, o extra CRUCh, o estatales; y mucho menos le parece correcto que la educación técnica quede afuera de la gratuidad. De manera que el proyecto de “ley corta” de gratuidad no parece satisfacer los considerandos centrales con los que el tribunal fundó su fallo.

Más allá de la discusión técnica en materia constitucional, llama la atención, por último, la respuesta política del gobierno al fallo del tribunal. Desde la reacción inicial de la Presidenta Bachelet, más propia de mandatarias allende la cordillera de los Andes, hasta la reacción de sus ministros que cuestionan el tiempo que se tomó el TC para emitir su pronunciamiento. Claro, si el tribunal tuviese el estándar de calidad exigido por el Ministerio de Educación para elaborar sus proyectos, probablemente podría haber emitido su fallo en un par de días.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-