La semana pasada conocimos la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar algunos de los requisitos impuestos en la Ley de Presupuestos para la implementación de la gratuidad en educación superior el año 2016. Éste basó su decisión –cuyo detalle aún no conocemos- en el trato discriminatorio que se daría a estudiantes de igual necesidad económica, en la medida que las exigencias hacia sus instituciones eran dispares y arbitrarias.

De esta forma, dados los recursos disponibles, el Gobierno deberá hacer lo que evitó en su momento: tener la valentía de acotar en forma justa y objetiva el número de estudiantes e instituciones que podrán participar de la gratuidad este primer año.

Y tiene a grandes rasgos dos alternativas. La primera, mantener el beneficio para los alumnos del 50% de menores ingresos, pero aumentar equitativamente las exigencias para todas las instituciones, de tal forma de incorporar a un menor número de ellas en tanto cumplan con los mismos requisitos de calidad (por ejemplo de acreditación). Esto, sin importar si se excluye a instituciones estatales de baja calidad, y se incluye a privadas bien calificadas. La segunda opción, en tanto, es reducir el universo socioeconómico de los estudiantes beneficiados por debajo de los inicialmente contemplados. En cualquier caso, se deberá excluir a grupos que ya se sentían partícipes de la iniciativa, con el consiguiente costo político que esto supone.

Así, la situación que enfrenta el Gobierno es una demostración de que la magia de lo gratuito, idea que nos han tratado de hacer creer desde la campaña presidencial, no existe. En el mundo real la gente tiene que optar y priorizar, frente a la imposibilidad de poder satisfacer todas sus necesidades y deseos. Del mismo modo, el Gobierno que todo este tiempo ha evadido poner los pies sobre la tierra, hoy está obligado a salir de su fantasía, a ajustarse a lo que la realidad admite, y a tomar una decisión.

Esperemos que tome la decisión correcta, que no recurra a artilugios para seguir favoreciendo a las instituciones cuyos rectores ejercen más presión, y que en cambio acepte que los recursos que la sociedad ha decidido entregar a través del Estado deben hoy focalizarse en aquéllos que más los necesitan.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en medios regionales de El Mercurio.-