Primera reacción al Informe Financiero del Proyecto de Desmunicipalización

En el informe financiero del proyecto de ley se estima un mayor gasto en régimen de $ 200.516 millones ($ 6.929 millones para financiar el funcionamiento de la nueva Dirección de Educación Pública y $ 193.587 millones para financiar los 67 Servicios Locales de Educación que harán de sostenedores de los más de 5 mil establecimientos municipales que hoy funcionan). Adicionalmente, se indica el mayor gasto anual hasta el año 2023, que será necesario para el traspaso gradual de los establecimientos a los nuevos Servicios de Educación (Cuadro N° 1).

Cuadro 1 desmunicipalizacion

La Presidenta señaló que con esta iniciativa, “la calidad de la educación municipal no seguirá dependiendo de los recursos de cada comuna”. Si bien cabe aclarar que hoy no existe una relación clara entre el aporte económico que realizan los municipios y su desempeño, es importante considerar que bajo el nuevo sistema habrá establecimientos educacionales que quedarán con un nivel de ingresos inferior al actual, en la medida que el gasto en régimen que presupuesta la DIPRES da cuenta de que no habrá un aumento real de recursos en relación al total que aportan anualmente los municipios, que asciende a $ 208.835 millones[1]. Ello naturalmente como consecuencia de traspasar la responsabilidad financiera y de gestión al gobierno central.

Un segundo aspecto a considerar es la distribución de los recursos. Dado que el monto global es similar al que hoy se traspasa, para que exista neutralidad financiera respecto a la situación actual, los fondos debieran compensar exactamente en cada colegio los aportes percibidos. Pero no parece ser el objetivo. La Presidenta declaró que se lo que se busca es que no haya una relación entre nivel de recursos y la situación económica del municipio al que pertenece el establecimiento. Por lo tanto, se podría pensar en dos alternativas: a) dar más a los establecimientos con una mayor concentración de alumnos prioritarios, por ejemplo, o b) distribuir los recursos en función de la matrícula. En el primer caso habría que hacer varios supuestos para determinar cuántos establecimientos quedarían peor que hoy. Pero en el último caso, podemos proyectar el escenario financiero en que quedarían los establecimientos y sus alumnos:

  • 946 establecimientos educacionales (37% del total actual[2]) se verían perjudicados al recibir menos recursos de los que hoy les entrega su municipio. Estos establecimientos tienen una matrícula de 482.305 alumnos (37% de la matrícula municipal 2014).
  • 380 establecimientos educacionales (63% del total actual) se verían favorecidos al recibir más recursos de los que hoy les entrega su municipio. Estos establecimientos tienen una matrícula de 822.210 alumnos (63% de la matrícula municipal 2014).

Una reforma como la que introduce este proyecto de ley debe comenzar por lo menos con el financiamiento necesario para al menos mantener lo que existe hoy. Es inaceptable que 37% de los establecimientos se vea perjudicado.

Para sustituir lo que hoy aportan los municipios, igualando el nivel de aquéllos que más recursos propios invierten en educación, se requeriría un mayor gasto superior a los US$ 1.000 millones anuales, lo que sin duda está fuera del presupuesto público. Por lo mismo, parece haber motivos para seguir contando con el apoyo y auspicio de los municipios de tal forma que el financiamiento del Estado pueda focalizarse en quienes más lo necesitan (por ejemplo mediante la SEP).

De no cumplirse el requisito de contar con el financiamiento base, estaríamos hablando de un proyecto destinado al fracaso.

 


 

[1] Corresponde a la suma de los aportes del año 2015 expresado en $ del año 2015, suponiendo inflación 4,3% anual.

[2] Considerando los 5.326 establecimientos de municipios con datos disponibles en el SINIM, y la matrícula municipal 2014 reportada por el MINEDUC para dichos establecimientos (1.304.515 alumnos).