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Gratuidad: mezclando peras con manzanas

Pulso

Una de las razones esgrimidas por los partidarios del Gobierno para apoyar la discriminación elegida por este en la implementación de la gratuidad para el año 2016, es que “no hay por qué financiar con recursos públicos a entidades privadas”. Aunque dicha afirmación da cuenta de una insuficiente reflexión -pues bajo la misma lógica se debería cuestionar cualquier subsidio monetario que será usado para pagar algún bien o servicio que produce un tercero distinto al beneficiario original-, vale la pena de todas formas ahondar en la interpretación errónea que esta revela respecto al objetivo del financiamiento estudiantil.

Y es que este no tiene que ver con favorecer a una entidad o proyecto institucional específico, sino con entregar apoyo a los estudiantes, de tal forma que sus dificultades económicas no constituyan una barrera para su acceso y permanencia en la educación superior. De esta forma, las ayudas estudiantiles que entrega la sociedad a través del Estado buscan concederle al alumno la libertad de decidir dónde quiere cursar su educación superior, en función de sus propios méritos y preferencias.

Lamentablemente, el Gobierno y sus partidarios mezclaron peras con manzanas, confundiendo el fin último del financiamiento estudiantil con el de otros aportes que sí pueden adjudicarse en función de algún proyecto institucional. De esta forma, impulsaron una política de gratuidad para el año 2016 que no solo es improvisada y mal diseñada, sino que al limitarse arbitrariamente a un grupo de instituciones, termina por incumplir el objetivo de equidad que supuestamente la motivaba. En consecuencia, se termina por excluir a más del 60% de los estudiantes que hoy asisten a educación superior y que provienen del 50% de menores ingresos. Peor aún, si agregamos el hecho de que siete de cada diez jóvenes de este nivel de ingresos ni siquiera logran llegar a la educación superior -la mayoría debido a restricciones previas al pago de un arancel- tenemos que la gratuidad favorecerá finalmente a apenas 11% del total de jóvenes pertenecientes al 50% de menores recursos.

 

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-

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