Lecciones y Desafíos de la Comisión Bravo

Alejandra Candia -Hace algunas semanas, la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como “Comisión Bravo”, entregó a la Presidenta su informe final. Lo primero a destacar de éste es que 24 de los 25 comisionados convocados rechazaron la idea de reemplazar completamente el sistema actual por un sistema de reparto que expropiaría las cotizaciones acumuladas por los trabajadores para pagar pensiones a quienes estén hoy en edad de retiro.

Además de lo perjudicial que resulta la idea de expropiar los ahorros de las personas, compartimos con los comisionados que votaron en contra de dicha propuesta que ésta tiene serios problemas de sostenibilidad financiera, los que se agravan al considerar el acentuado envejecimiento de la población que presenta nuestro país.

Sin embargo, de las conclusiones de la Comisión surgen dudas respecto de la forma que nuestro sistema de pensiones tomará en el largo plazo. El informe va en la línea correcta al reconocer que para aumentar las pensiones se requiere de un mayor ahorro y de una minimización de las lagunas previsionales. Pero discrepa en la forma de implementar la necesidad de un mayor ahorro, sin dar cuenta de los efectos que la forma y fines del aumento en la tasa de cotización de los trabajadores formales podría tener en el mercado laboral. En simple, por ahora no sabemos si el remedio sugerido (aumento de la cotización) será o no peor que la enfermedad.

Por una parte, la mayoría de la Comisión aprobó la idea de aumentar en cuatro puntos porcentuales la tasa de cotización. No obstante, señaló que la mitad de este aumento debería destinarse a un fondo solidario que financiara un incremento en el Pilar Solidario. Esto es un impuesto al trabajo cuyos efectos no fueron medidos por la Comisión. Si bien una mejor alternativa para financiar un potencial fortalecimiento al Pilar Solidario es a través de rentas generales en vez de un impuesto al trabajo formal, también debe medirse previamente el efecto que el aumento de los beneficios solidarios puede traer sobre nuestro mercado laboral, ya que podrían generarse desincentivos a la cotización.

Otra parte de la Comisión estimó que la cotización realizada por remuneraciones iguales o inferiores a $350.000 debería ir completa a un fondo solidario. Y que sólo podrán ser ahorros “propios” aquellos que provengan de rentas por sobre el umbral señalado. Así, con esta idea disminuiría fuertemente la apropiabilidad de los ahorros de los cotizantes, lo cual podría generar incentivos a la informalidad que podrían llevar a desfinanciar el sistema como un todo. Estos posibles efectos negativos tampoco fueron cuantificados.

En suma, queda pendiente profundizar en los efectos de las propuestas antes mencionadas, para ver si efectivamente estas lograrían mejorar nuestras pensiones. Ahora bien, todo lo anterior respecto de las “propuestas globales”, puesto que respecto de las 58 “propuestas específicas”, cada una debe ser analizada en su propio mérito. De hecho hay algunas que sin asegurar una mejora en las pensiones, podrían atentar contra la competencia del sistema, tal como lo es la creación de una AFP estatal. Igualmente, podemos rescatar algunas, como aquellas que apuntan a eliminar las barreras que hoy nos impiden ahorrar más (fomento de empleo formal en mujeres, jóvenes y adultos mayores) y también las que buscan atenuar el efecto en pensiones del gran aumento que ha sufrido nuestra esperanza de vida (indexando edad legal de pensión a este aumento e igualando edad legal de retiro de mujeres y hombres).

Si bien el Informe de la Comisión Bravo resulta un insumo relevante, cualquier potencial cambio al sistema previsional vigente debe contemplar una evaluación de los efectos directos e indirectos que podría tener en el mercado laboral.

 

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo.-