“Energía: ¿Hacia dónde vamos?” 4 expertos y su visión de los principales proyectos de ley

1 - PROYECTO DE LEY DE EQUIDAD TARIFARIA Y RECONOCIMIENTO A COMUNAS GENERADORAS

Sebastián Bernstein, Consejero de Políticas Públicas de LyD y Socio Director de Synex Ingenieros Consultores:

Bernstein¿Es necesario corregir las asimetrías existentes en las tarifas eléctricas?

El efecto buscado, como lo indica su nombre, es acercar los montos que pagan los consumidores residenciales de empresas distribuidoras de distinta densidad, a través de un subsidio cruzado. Actualmente los montos que paga un cliente residencial típico de 180 kWh mes varía entre unos 16.000 $/mes en Santiago y 29000 $/mes en áreas rurales cercanas a Linares. Esta propuesta responde a un criterio de equidad, no a un criterio económico. ¿Es necesario hacerlo? No lo fue durante mucho años, pero hoy sÍ podría tener justificación.

¿Cómo afecta esta medida a las distribuidoras eléctricas?

No las afecta, pues son los clientes regulados de las empresas con menores tarifas los que subsidian a los clientes residenciales de las distribuidoras con mayores tarifas. Tampoco hay un efecto de mercado, en términos de eventuales ineficiencias económicas, pues las alzas de tarifas desde los clientes que subsidian a otros son pequeñas, y las rebajas de tarifas a los clientes residenciales no cambiarán esencialmente su comportamiento.

El proyecto incluye además una rebaja de tarifas en las comunas donde existen generadoras de energía eléctrica.

No concuerdo con esta medida, pues en términos de políticas públicas, sería preferible que cualquier incentivo económico para que una comunidad apoye el desarrollo de nuevos proyectos energéticos debería traducirse en obras de infraestructura o flujos que beneficien a los más necesitados, y no en rebajas tarifarias. Dichas rebajas benefician a los más ricos, que son los que consumen más. Por otra parte, en el proyecto de ley se beneficia a las comunas con alto stock histórico de generación, en lugar de beneficiar a aquellas comunas que estén dispuestas a recibir nuevos proyectos.  Finalmente, con el proyecto de ley sólo 3 comunas de alta concentración de generación  histórica (Mejillones, Antuco, Alto Bio Bio) tienen rebajas sustantivas, y otras 10 comunas tienen rebajas menores. Ello no es señal suficiente para lograr que las comunas se muestren proclives a apoyar el desarrollo de estos proyectos.

¿Existen opciones mejores para motivar la aceptación de nuevos proyectos?

Pienso que establecer un pago regular moderado por MW,por MWh o por km de línea para los nuevos proyectos que se instalen, descontando una parte de este pago de los impuestos de las empresas, constituiría un flujo permanente y apreciado por las comunas donde se instalen tales proyectos, contribuyendo a su apoyo. El costo a pagar por las empresas sería menor y habrían beneficios en términos de poder realizarse obras que hoy no se pueden ejecutar por oposición social, a pesar de contar con aprobación ambiental.


2 - PROYECTO DE LEY QUE PERMITE LA ENTRADA DE ENAP AL NEGOCIO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

Susana Jiménez, Economista Senior de LyD:

Susana Jimenez Sc¿Cuál es el principal problema del ingreso de Enap al negocio de generación eléctrica?

El mercado eléctrico no requiere de la participación de un actor estatal para su desarrollo. En el pasado, el sector privado ha sido capaz de satisfacer eficientemente una demanda creciente, en condiciones muchas veces muy adversas. La incursión de ENAP en nada ayuda y, por el contrario, levanta dudas respecto de su real efecto en el mercado.

En particular, preocupa que ante la incursión de la ENAP gestando y promoviendo proyectos se desincentive el desarrollo de proyectos 100% privados, pues los inversionistas pueden percibir que competirán con desventaja frente a aquellos en que participa la estatal. De ello seguiría que privados prefieran acoplarse a estos últimos antes que competirles, lo cual anularía en la práctica el efecto competitivo del sector privado y terminaríamos con un sector generador intervenido por el Estado a través de ENAP, con todas las ineficiencias que ello conlleva en el largo plazo.

Por otra parte, es bien sabido que ENAP no tiene competencias ni experiencia en este rubro; luego, no se ven beneficios de su incursión al mercado y sí algunos riesgos del punto de vista del rol de juez y parte que adquiriría el Estado en este mercado.

¿El ingreso de Enap al negocio de la generación eléctrica generará más competencia en el sector como ha anunciado el Ministro de Energía?

El proyecto de ley inicial buscaba, según señalaron las autoridades del sector, viabilizar proyectos privados y atraer con ello nuevos actores al mercado. La pregunta que hay que hacerse es por qué esos actores no ingresan por cuenta propia y desarrollan los proyectos. La respuesta está en las trabas que enfrentan hoy las iniciativas de inversión para su materialización, lo que responde, en parte, a la propia ineficiencia de la administración en la tramitación de permisos y la falta de certeza jurídica prevaleciente. Si el gobierno está preocupado por la competencia, lo que tiene que hacer es destrabar los obstáculos que hoy dificultan la concreción de proyectos, lo cual pasa por apoyar los buenos proyectos, cualquiera sea la fuente (agua, carbón, gas, ERNC), agilizar las tramitaciones sectoriales y ambientales, informar adecuadamente a la ciudadanía evitando las consignas, etc.

¿Calificaría usted este proyecto como una muestra más del rol empresario que está tomando el Estado?

La ampliación de giro de Enap ciertamente puede terminar reviviendo el rol del Estado empresario, tal como se ha observado últimamente en otros rubros. En este caso, se trata además de una empresa que ha tenido una utilidad promedio negativa en los últimos 9 años, alcanzando en este período una rentabilidad sobre el patrimonio de -16,3%. Las dudas sobre su desempeño futuro son múltiples y su efecto en el mercado puede ser altamente distorsionador, más aún ante la ausencia de un adecuado gobierno corporativo, proyecto que fue retirado del Congreso en abril del 2014.


3 - PROYECTO QUE REGULA EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS DE CAÑERÍA

Jorge Quiroz, socio de Quiroz y Asociados:

QuirozEl proyecto nace luego de un debate respecto de si Metrogas obtuvo durante los años 2012 y 2013 rentabilidades por sobre los umbrales de revisión establecidos en la ley. ¿Hubo un uso político o era necesario regular este mercado para evitar el cobro de precios excesivos?

Era necesario un proyecto de ley que precisase de mejor forma los criterios de medición de rentabilidad; los usados por la autoridad de hecho me parecen arbitrarios, al eliminar en el cálculo, activos reales en que la empresa ha invertido, lo que eleva artificialmente la “rentabilidad” calculada por la autoridad.  También era necesario precisar los procedimientos a seguir en caso que se rebasasen los umbrales de rentabilidad que prescribía la ley.  Incluso, y esto es algo positivo del proyecto de ley, era quizá necesario también establecer umbrales para perÍodos más largos de tiempo.  Sin embargo, todo lo anterior, que pudo haberse hecho con una ley corta y de rápida tramitación, se ha visto embrollado y magnificado a niveles impensables, en una combinación regulatoria nunca antes vista: se mide la rentabilidad no de la empresa real sino de una “eficientada”, donde existen incertidumbres grandes respecto de qué significará esto en definitiva, y donde, de paso, se ignora que las empresas que distribuyen gas natural por redes, a diferencia del agua potable o de la electricidad, compiten en el mercado con otras alternativas, GLP desde luego.

Creo que hubo un cierto uso político del tema, después de todo, fue de las primeras iniciativas de reforma que se lanzaron en esta administración, en cierto modo el proyecto es un poco “hijo de la retroexcavadora”.

El proyecto baja la rentabilidad máxima de 11 a 9% y además elimina el piso mínimo para la tasa libre de riesgo ¿Cómo afectará esto a la industria?

Si hay menos espacio para rentar los proyectos de inversión, se hacen menos proyectos.  Puede que esto beneficie a los clientes actuales porque el techo en rentabilidad es, al final del día, un techo sobre las tarifas; pero si la ley finalmente, por la vía de eliminar el piso de la tasa, bajar el spread u otra cosa, hace que proyectos rentables se vuelvan no rentables, la red se expandirá a menor ritmo.

¿Qué opinión le merece el que sea el Estado  -a través del Ministerio de Energía- quien tenga la facultad para congelar la tarifa, realizar el proceso de fijación tarifaria y ordenar la devolución de cualquier exceso que se haya cobrado a los consumidores gas de cañería?

Está bien que sea el Estado quien fije tarifas cuando hay que hacerlo, en la medida que existan procedimientos equilibrados y órganos independientes que diriman las discrepancias entre regulado y regulador.  Pero el punto es si corresponde aquí pasar a un régimen regulado por rentabilidad máxima como el que se propone. Y la respuesta es que no hay fallas de mercado que justifiquen imponerlo.

Lo más dañino, es que se terminaría con la libertad tarifaria del gas natural en todo el país, sin base técnica para ello y sin atender a las disímiles realidades de mercado.  Es más regulación no porque se necesite, sino porque sí.


4 - PROYECTO DE LEY QUE REESTRUCTURA TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y ESTABLECE COORDINADOR ÚNICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

Renato Agurto, Socio Director de Synex Ingenieros Consultores:

AgurtoEl proyecto parte de la base que el precario esquema actual de transmisión es una causa importante de los altos precios de energí­a. ¿Coincide con este diagnóstico?

Los altos precios de la energía que se observaron en los últimos años, los cuales han comenzado a revertirse, tienen múltiples causas, una de las cuales puede asociarse a cuellos de botella debidos a falta de capacidad de transmisión. En efecto, las causas principales que, a mi juicio, han incidido en los altos precios de electricidad son la falta o atraso de proyectos relevantes de generación de energía de base; el alza de los precios de combustibles; una sequía prolongada por varios años; en este contexto se suma el atraso de los proyectos de transmisión, que produce dificultades para la inyección de energía de algunos proyectos, principalmente de energías renovables no convencionales (ERNC). Sin embargo, en los últimos 2 años se aprobaron dos proyectos de ley que están dirigidos a agilizar la ejecución de proyectos de transmisión y a incrementar la competencia en el mercado de generación: se trata de la ley que introdujo cambios en el esquema de concesiones eléctricas y de la ley que permitió planificar la interconexión entre los dos sistemas eléctricos principales del país, SIC y SING.

¿Solucionará el proyecto de ley los problemas de transmisión existentes (congestión, falta de holgura, etc.) y hará al mercado más competitivo y transparente?

El proyecto de ley introduce algunas modificaciones importantes. Por una parte introduce un proceso de planificación cuasi permanente de la transmisión; incrementa a 20 años el horizonte de planificación; establece criterios de planificación bajo incertidumbre en relación con escenarios posibles de crecimiento de la demanda y la oferta de energía, y para proyectos nuevos con dificultades previsibles en uso del territorio, se establece un estudio de franja (trazado). Evidentemente un sistema de transmisión de mayor capacidad, con menos congestión y mayor holgura, contribuye al desarrollo de un mercado más competitivo.

El proyecto cambia el sistema de remuneración de la transmisión, cargando la cuenta directamente al consumidor final (estampillado). ¿Traerá consigo un aumento en las tarifas que pagan los clientes regulados e industriales?

Los efectos que este proyecto tendrá en las tarifas a los clientes residenciales e industriales, regulados y no regulados, depende de varios factores, entre los que se destacan el incremento del pago directo de transmisión que realizan los usuarios y la reducción del cobro de transmisión que indirectamente incluyen los generadores en el precio de la energía que suministran a distribuidores y grandes clientes. El balance total debería ser una disminución de los precios de energía a los usuarios.