Las indicaciones del Ejecutivo a la reforma laboral

LABORAL REFConocidas las indicaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de reforma laboral es posible apreciar cómo una vez más queda en entredicho esa supuesta apertura a los acuerdos y moderación en las reformas que se ha propuesto impulsar.

El paquete de indicaciones contempla una serie de cambios, que pese a tratar tangencialmente temas centrales de la reforma, los aborda de manera sutil y muy poco efectivas, sin que hayan hecho eco a las recomendaciones de expertos tanto de oposición como de la misma coalición de gobierno.

Las indicaciones en general, depurando aquellos cambios meramente cosméticos o formales, versan sobre los siguientes temas:

- Se explicita que no constituye práctica antisindical las negociaciones individuales sobre remuneraciones y beneficios basado en capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, con lo cual se modera en cierta medida el poder del sindicato para intervenir en modificaciones contractuales con trabajadores no sindicalizados, cuando a su juicio la conducta sea un desincentivo a la sindicalización.

- Se introducen algunas normas especiales referente a las pymes, en cuanto a la exclusión para negociar colectivamente del personal de confianza, reglas sobre plazo mínimo para negociar colectivamente, normas de información y el establecimiento del derecho para ellas de fijar un período de hasta 60 días al año como no aptos para negociar.

- Se permite la extensión de beneficios universal de manera excepcionalísima respecto de la cláusula de reajuste de remuneración y sólo si dicho reajuste fue ofrecido por el empleador en la respuesta al proyecto de contrato colectivo. De este modo se cierra cualquier posibilidad a otras fórmulas de extensión, toda vez que salvo este pequeño avance, en todo lo restante el sindicato tendrá poder de veto para extender beneficios a no sindicalizados y extendiendo de manera automática -sin consulta al empleador- las estipulaciones del instrumento colectivos a nuevos trabajadores por el mero hecho de afiliarse al sindicato.

- Se permite una especie de descuelgue falso, pues sólo se refiere a la posibilidad del trabajador de desafiliarse a la organización sindical una vez iniciada la negociación, pero perdiendo todo derecho a descolgarse con al menos la propuesta contenida en la última oferta del empleador, o que este descuelgue pueda implicar el término de la huelga.

- Se recompone la figura de las empresas estratégicas como excluidas del derecho a ejercer la huelga. La idea es establecer una suerte de filtro para ciertas empresas respecto de las cuales, atendida la naturaleza de los servicios que presta, resulta preferible sustituir la huelga por el arbitraje forzoso.

-Un avance es el derecho al empleador de realizar nuevas ofertas una vez hecha efectiva la huelga, debiendo el sindicato convocar a sus trabajadores para pronunciarse respecto de ella.

- Se establece un nuevo sistema de fijación de servicios mínimos y equipos de emergencia, prescribiendo que éstos deben estar determinados antes del inicio de la negociación colectiva, generando mecanismos que privilegien el consuno de las partes, y que en caso de desacuerdo intervenga la Dirección del Trabajo, quien debe pronunciarse de manera fundada y una vez evacuado informe técnico a organismos fiscalizadores o regulares de la actividad que corresponda.  De este modo, se pierde la idea fuerza de establecer una comité de expertos, técnicos e independientes que diriman el conflicto, considerando las reales necesidades de una empresa y que considere en todos los casos las necesidades propias de los consumidores.

- Finalmente, un gran retroceso es la marginación de los pactos de adaptabilidad del proceso de negociación colectiva. De este modo, se da una triste señal que excluye a los pactos de este proceso lo cual genera la pérdida de un gran incentivo al empleador para negociar y alcanzar acuerdos provechosos para ambas partes.

Como bien se observa, el Ejecutivo nuevamente perdió una gran oportunidad para avanzar en consensos respecto de temas claves de la reforma como titularidad sindical, extensión de beneficios, reemplazo externo e interno, descuelgue y la promoción y ampliación de los pactos de adaptabilidad que permitan afrontar los nuevos desafíos en materia de empleabilidad y productividad.