Aparentemente, se están sorteando las dificultades que pesaron sobre el sector energético en los últimos años. La oposición ambiental y social, la burocracia estatal y la judicialización tenían paralizado al sector, reflejándose en importantes alzas de precios de la energía eléctrica. Sin embargo, se lograron resultados positivos en el último proceso de licitación de suministro, con un número importante de oferentes y buena parte de la energía adjudicada a un precio promedio menor. Para la próxima licitación, a realizarse el 2016, se esperan nuevas caídas de precios, dado los menores costos de los combustibles, las mayores holguras en oferta por el menor crecimiento de la demanda (producto de la desaceleración económica y la postergación de proyectos mineros) y las mejores condiciones que ofrece la nueva ley de licitaciones y la interconexión SIC-SING.

¿Se puede entonces dar por superada la amenaza de estrechez energética y precios sostenidamente elevados? La respuesta es no, pues ello dependerá de las acciones que se tomen en materia energética y otras áreas que le afectan directamente.

En términos sectoriales, hay al menos tres direcciones obligadas. Primero, definir como rol prioritario del Estado el destrabar proyectos reduciendo las barreras de entrada y el riesgo que enfrentan las iniciativas privadas. Por el contrario, la excesiva injerencia del Estado y la idea de participar como actor del mercado debieran ser desechadas. Segundo, ninguna tecnología de generación debe ser descartada. Si Chile pudiese explotar su potencial hídrico (estimado en 16.000 MW) y desarrollar la generación a carbón, sumado a las ERNC, veríamos precios de mercado significativamente menores. A largo plazo, la opción nuclear -fuente de generación limpia, confiable y competitiva- también debiera ser considerada. Tercero, es imperioso perfeccionar el sistema de evaluación de impacto ambiental pues sus deficiencias no solo retrasan los proyectos sino incluso desincentivan mejoras por evitar el proceso. A ello se suma la necesidad de promover la participación ciudadana en etapas tempranas y mejorar los procesos de consulta indígena.

Igualmente importante es atender iniciativas que surgen de otros órganos del Estado. Ejemplo de ello, la modificación al Código de Aguas que debilita los derechos de aprovechamiento de agua, incidiendo en el futuro desarrollo hidroeléctrico. Ello haría aun más complejo (o imposible) cumplir con las metas de contribución al cambio climático que propone el Gobierno, forzando soluciones más costosas que encarecerán la energía. También afectará el desarrollo sectorial la eventual aprobación de los proyectos de regionalización (con planes de ordenamiento territorial de carácter vinculante), la creación de áreas protegidas y las restricciones al uso del borde costero. Y bien valdría la pena sopesar los efectos que tendrán en el costo de la energía la duplicidad y magnitud de las sanciones que se tramitan en el proyecto del SERNAC y los costos vinculados a la reforma laboral. Son muchos los focos de incendio que se requieren mantener controlados.

Columna de Susana Jiménez, Economista Senior de LyD, publicada en Diario Financiero.-