El Colegio de Profesores sigue presionando por el retiro del Proyecto de Ley de Carrera Docente presentado por el Gobierno. Además de exigir más beneficios y garantías, se opone al nuevo sistema de certificación que condiciona el incremento de sus remuneraciones a una evaluación periódica. La nueva Ministra de Educación declaró que si bien está dispuesta a modificar ciertos aspectos de la iniciativa, ésta no será retirada, e instó a los Diputados de la Comisión de Educación a poner fecha a la votación de la idea de legislar. Del mismo modo, señaló que no hay más recursos disponibles y por eso las demandas que requieren de un mayor gasto no podrán ser concedidas.

El tema de los recursos es sumamente relevante. Y aunque durante los últimos años algunos sectores se olvidaron de que el Gobierno enfrenta una restricción presupuestaria que lo limita, lo cierto es que nuestro país tiene diversas necesidades, y las bajas expectativas económicas deben hacernos valorar aún más lo que significa inyectar US$ 2.500 millones anuales adicionales a mejorar las remuneraciones de los docentes y a aumentar el tiempo disponible para el trabajo fuera del aula. Para tener un orden de magnitud, estos mismos recursos alcanzarían para duplicar el gasto en Educación Parvularia, construir dos nuevas líneas de metro, construir 10 hospitales (con 400 camas cada uno), o aumentar en casi un 50% el gasto anual en subvenciones.

Un compromiso de esta envergadura no puede dejar indiferente a los profesores. Si bien éstos tienen derecho a expresar sus pretensiones, es necesario aterrizar los pies sobre la tierra, y reconocer que el rol de un Gobierno no es privilegiar a determinados grupos de interés, sino que velar por el bien común. En este caso, lo que corresponde es que el proyecto continúe su tramitación y que se le hagan las mejoras necesarias para conseguir el objetivo que lo motivó, que es incentivar el buen desempeño docente de manera de mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes de nuestro país.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada hoy en Pulso.-